El peligro de cerrar webs de enlaces sin juez que entre en el fondo del asunto

Tal y como yo lo veo el peligro del cierre de páginas con enlaces es que se quitan de encima que el juez entre en el fondo del asunto. La clave de hecho es esa. Si una de esas páginas estuvieran cometiendo un ilícito se hubiera visto ya en los tribunales. Pero no ha sido así. Los jueces aplican la ley, para eso están, y no sólo no ven delito, sino que intuyen cierto abuso por parte de algunas entidades de gestión, y compañías de intermediación del entretenimiento.
La percepción para la gente es que irán a por páginas de enlaces y como sí que lo pueden percibir fácilmente como algo ilícito, no dirán nada. No valoran el hecho de que el juez no entre en el fondo pues los medios generalistas, rigurosos ellos y nada sesgados, les han dicho que hay un juez que interviene ¡ojo, sin mencionar que sólo para ver si se puede afectar a la libertad de expresión! En el fondo, y tal y como se ha comentado, se debería ver todo este asunto más por la vía de la competencia deseleal. Y puestos a ver el asunto, habría que verlo como una forma de competencia, con lo que la industria intermediaria del entretenimiento podría competir si se quitara los prejuicios… cosa improbable a estas fechas en las que comprar mercenarios políticos es mucho más barato.

Que los poderes públicos se coman el marrón, total, lo paga el ciudadano de a pie.

Porque reconozcamos que a la industria le resulta mucho más barato que los poderes públicos se coman en “marrón” de cerrar webs que no son ilegales, según todas las sentencias de los últimos tiempos. Ese trato de privilegio de un modelo de negocio sobre otros les ahorra mucho dinero, quebraderos de cabeza, y como irá mal sí o sí, serán nuestros impuestos los que se usarán para pagar cuando toque compensar a aquellos a los que se les ha cerrado una web sin hacer cometido infracción alguna.

En lo que nos atañe hablamos de que esas webs, tal y como ha demostrado la última sentencia, no son ilegales. Enlazar no es ilegal. Pero la noción social de que enlazar contenidos pueda llegar a ser ilegal, es un peligro extremo para libertades fundamentales.

Es muy posible que al final sí que sólo cierren unas cuantas webs. Es muy probable que acaben diciendo “¿ven cómo no es para tanto?”. Y eso parecerá al principio.
Pero ya estará instaurada la noción de que enlazar puede ser delito, aunque no lo sea, y como el juez tiene que valorar lo que la sociedad piensa, pues la noción de “enlace ilegal” se asociará a una infracción de copyright, paso previo a legislar en ese sentido.

Al crear esa percepción social el siguiente paso es el natural y obvio. Como la medida de cierre de webs no surtirá efecto, ya que el problema sigue siendo el modelo de negocio basado en vender soportes asociados a contenidos, y como se obvia de cualquier informe que la industria el entretenimiento en su conjunto está ganando cada vez más, aunque algunos sectores, como los discográficos lógicamente pierdan en detrimento de ventas online, por ejemplo, se aprovechará para reclamar que se vaya finalmente a por los usuarios “ya que no hay más opción”.

Jugada maestra.

Las webs de enlaces mudarán de apariencia. No me extrañaría ver páginas expresando opiniones mientras se enlazan torrents o magnet links en los propios textos o de forma más explícita. ¿Os imagináis un texto construido con frases de títulos de películas donde cada una de estas frases en conjunto expresan una idea y enlazando cada una al magnet link que permite la descarga de la película? Por otro lado me cuesta creer que un juez pueda considerar que un foro donde los usuarios comentan y ponen torrents puede cerrarse sin vulnerar el derecho a la libertad de expresión. Me imagino webs de enlaces con enlaces a contenidos cuyos autores han puesto ahí como recurso a su difusión. Si cierra la web en general vulneran los derechos de esos autores a tener vías de difusión basadas en p2p. Me imagino acciones donde las webs de enlaces solicitarán mirrors que se podrán multiplicar a cientos por cientos de usuarios de todo el país y el extranjero con toda la información de enlaces a descargar P2P.

El efecto práctico de la disposición final segunda de la LES será mínimo. Las ventas de CDs y DVDs de hace unos años no volverán. No pueden volver. Olvidad el asunto. Ahora se baja de Internet de una manera u otra. Como las industrias del entretenimiento sólo ofrecen a los volubles políticos y los sumisos medios una parte muy sesgada del presunto problema seguirán mostrando la inexorable caída en la venta de soportes. Lo asociarán a que la medida de cierre de webs no ha sido suficiente porque, por algún truco de la estadística que se inventen, es obvio la gente usa mucho P2P, o, no os lo perdáis, FTP.

Siguiente paso será algo parecido a HADOPI basado en la adopción de ACTA.

No será difícil porque la percepción de enlazar y facilitar el acceso como delito se habrá instaurado en el imaginario de la sociedad. El meme habrá triunfado y la cultura, pero sobre todo los artistas y la sociedad, habrán perdido una inmejorable oportunidad de liberarse del prejuicio de que valor es igual a precio y explorar juntos nuevos modelos de negocios basados en la interacción más directa, sin tanto intermediario parásito.

El peligro de cerrar webs de enlaces sin juez que entre en el fondo del asunto

Los políticos que llaman criminales a la sociedad, sus usos y costumbres se ponen a bajar

Creo que el vídeo está curioso y divertido. Gracias a Planetatortuga:

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Más páginas para visitar mientras duren (duremos) abiertas en La Lista de Sinde.

Los políticos que llaman criminales a la sociedad, sus usos y costumbres se ponen a bajar

Sobre la Ley de Economía Sostenible en Derecho en Red

Fuente original: Derecho en Red

El pasado viernes fue aprobado por el Consejo de Ministros el nuevo texto del Proyecto de Ley de Economía Sostenible que, entre otras muchas cuestiones, propone una serie de reformas legislativas con el fin de erradicar las vulneraciones de propiedad intelectual que cometen determinadas Páginas Web que facilitan enlaces, en la mayor parte de las ocasiones con un claro y evidente ánimo de lucro, a contenidos protegidos por derechos de autor sin la autorización de sus titulares.

Mucho se ha dicho sobre esta reforma y ha tenido un eco mediático considerable. No obstante, desde Derecho en Red hemos constatado la existencia de informaciones incorrectas, afirmaciones demagógicas y planteamientos desproporcionados que sustraen a los ciudadanos de un análisis distanciado y completo de las implicaciones jurídicas de la reforma planteada.

Desde Derecho en Red no creemos que esta reforma sea la más apropiada. Entendemos que es necesario enjuiciar todas las infracciones de propiedad intelectual que se comentan “online” u “offline” y, en particular, a todos aquellos prestadores de servicios que se lucran facilitando enlaces a descargas, directas o a través de redes P2P, a contenidos protegidos. Pero tal enjuiciamiento debe hacerse desde las garantías y vías de protección que contempla la normativa de propiedad intelectual vigente.

El ordenamiento vigente ya contempla la posibilidad de plantear acciones de cesación contra los titulares de servicios de la Sociedad de la Información. Los titulares de derechos de autor pueden solicitar de los órganos judiciales las acciones de cesación que les permite la Ley (el artículo 138 de la Ley de Propiedad Intelectual dice expresamente que pueden solicitarse dichas medidas “aunque los actos de dichos intermediarios no constituyan en sí mismos una infracción”), que actualmente son tomadas en el plazo medio de 2 meses. Dicho plazo, muy lejos del utilizado para la resolución definitiva del procedimiento judicial, permite garantizar de forma efectiva los derechos de propiedad intelectual sin la necesidad de plantear una reforma tan importante como es la que se incluye este Proyecto de Ley.

En este orden de cosas, si el Ejecutivo considera que en el marco jurídico actual no existen medios suficientes para la protección de los derechos de los autores o titulares de derechos, debe abrir una reflexión, en sede de la propia Ley de Propiedad Intelectual, y proponer, en su caso, una reforma de los medios de protección ya contemplados en esa norma, sin necesidad de:

1.- Elevar los derechos de propiedad intelectual, derechos privados y de naturaleza patrimonial, a un estatus equiparable a intereses dignos de protección reforzada, como el orden público, la seguridad pública, defensa nacional, la salud o la infancia, y los derechos fundamentales.

2.- Atribuir a un órgano de naturaleza administrativa la tutela, protección y defensa de estos intereses privados, que podrá intervenir en toda prestación de servicios de la sociedad de la información que potencialmente pueda causar una lesión de derechos de propiedad intelectual, con la indefinición e inseguridad jurídica que ello supone.

3.- Establecer un mecanismo procesal, supuestamente de control judicial ante el conflicto con derechos fundamentales como la libertad de expresión o el derecho a la información, sumario e impreciso.

Por todo ello, hemos creado una sección dedicada especialmente a la Ley de Economía Sostenible, dentro de la cual podréis encontrar:

Análisis jurídico del anteproyecto de la Ley de Economía Sostenible

Preguntas frecuentes respecto a la Ley de Economía Sostenible

Asimismo, podéis descargaros el archivo PDF en este enlace, que incluye tanto el análisis jurídico como las preguntas frecuentes para facilitar su lectura sin necesidad de conexión a la Red.

Esperamos que os resulte interesante su lectura, y como siempre quedamos abiertos a cualquier duda que pueda surgir sobre el tema, ya sea mediante comentarios o en nuestras listas de correo a las que podéis acceder en la sección “Cómo participar en DeR?” del menú superior.

Fuente original: Derecho en Red

Sobre la Ley de Economía Sostenible en Derecho en Red