En defensa de los derechos fundamentales en Internet

Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que…

1.- Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.

2.- La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.

3.- La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.

4.- La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.

5.- Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.

6.- Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.

7.- Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.

8.- Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.

9.- Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.

10.- En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.

Este manifiesto, elaborado de forma conjunta por varios autores, es de todos y de ninguno. Si quieres sumarte a él, difúndelo por Internet.

En defensa de los derechos fundamentales en Internet

El pasado del negocio del entretenimiento no va a volver

Es ingenuo pensar que los viejos días van a volver. Que milagrosamente por la aprobación del reglamento de la Ley Sinde, burla hacia los jueces y la tutela judicial efectiva, van a cambiar los hábitos de consumo de los ciudadanos y se van a lanzar todos a comprar millones de CDs y DVDs de estreno.

En un sistema como es Internet, diseñado para buscar caminos alternativos para compartir información, y que ya tanto ha calado en la mente de los usuarios medios y avanzados, pensar que un reglamento mal concebido va a cambiar algo es, como poco, de ilusos.

No, en el fondo nada va a cambiar, salvo nuestras libertades y la molesta sensación de que las castas se crean más que nunca que pueden hacer con los ciudadanos lo que les plazca. Y puede que no pocos se vean pronto afectados por causas de prevaricación y cuestiones de constitucionalidad.

Las cifras de parte de unos intermediarios moribundos no van a mejorar y la razón es sencilla; la única forma de vencer en esta lucha es buscando en el consumidor el aliado y sólo lograrán eso no luchando contra ellos, sus usos y costumbres, como hacen ahora, sino compitiendo en precio y conveniencia.

Y mientras no lo entiendan no habrán logrado nada salvo cavar un poco más profundo su propia tumba. Proliferarán las redes oscuras, los viejos sistemas de intercambio que tan bien han servido durante años pasado a quienes quieren copiar ficheros con contenidos de todo tipo. Será tal vez un viaje al pasado, pero una realidad mientras los políticos no opten por la directa, que es eliminar Internet, eliminar las privacidad en las comunicaciones, la inviolabilidad del domicilio e instauren, de nuevo, la pena de muerte a los que copian contenidos con propiedad intelectual. Y puede que ni entonces logren nada sustancial para los objetivos declarados. Los objetivos reales, imponer su casta como dueña y señora de nuestras vidas, sí serán logrados.

Compitan señores. Ya lo hemos avisado… y avisados quedan. Luego no se llamen a sorpresa.

El pasado del negocio del entretenimiento no va a volver