«El Canon existe para las empresas y administraciones porque los funcionarios y los trabajadores usan los medios que las empresas, ministerios y administraciones públicas ponen a su disposición para beneficio propio».

Esa paradójica afirmación la efectuó, de palabra y por escrito la letrada de CEDRO, la Sra. Malmierca:
«No se puede eximir a las empresas y administraciones por que los trabajadores hacen uso de los equipos del trabajo en horario laboral para hacer copias privadas».

Y puso un ejemplo de una trabajadora funcionaria que en horario laboral realizaba fotocopias de una guía de viajes de la ciudad belga de Brujas.

Las anteriores manifestaciones se hicieron con la evidente aprobación de las entidades de gestión presentes, SGAE, AGEDI, EGEDA y AIE cuyos letrados acompañaban a la letrada de Cedro.

…esto hizo reaccionar al tribunal que le preguntó:
¿Quiere usted decir que el Gobierno Español nunca podrá aplicar la exención que él mismo prevé? …. ¿Que los funcionarios causan daño con la copia privada?
y siguieron preguntando …
¿Si un trabajador infiel hace una fotocopia de una guía…  por ello ve justo que se pague el canon?
¿No se puede controlar una fotocopiadora?
¿No cree que podríamos darle la vuelta a la tortilla y que lo injusto sea que  se pague el canon por el resto de fotocopias, ajenas a la copia privada, que puedan hacerse en ese lugar de trabajo?

Queremos recodar que la utilización de bienes públicos para fines privados es un delito perseguible por cualquier juzgado, y de saberlo, dicha letrada debería poner dicha información en conocimiento del poder judicial. Lamentamos que en tan importante institución se haya afirmado que el canon existe porque los trabajadores y funcionarios españoles y europeos son todos presuntos delincuentes.

Más lamentamos aún, que la letrada que representaba al Estado Español, a todos nosotros,  nada dijera en favor de trabajadores y funcionarios, dedicando su tiempo a reclamar delante del Tribunal de Justicia de la Unión Europea la contestación a una presunta carta que a la Comisión Europea envió el Estado Español por la apertura de un expediente por infracciones en tema de propiedad intelectual.