Protege Internet contra propuestas envenenadas

De: https://www.thunderclap.it/projects/49316-take-action-to-save-the-link

La Unión Europea acaba de proponer unas de las peores leyes de “copyright” del mundo.

Éstas incluyen capacidades de imponer impuestos a los enlaces por parte de los gigantes editoriales, y obligación a sitios web para monitorizar y filtrar contenidos. Esto daña tu derecho a compartir y acceder a contenidos.

Los miembros del Parlamento Europeo tienen el poder de detener esta desastrosa propuesta directamente antes de empezar a echar a andar. Pero sólo defenderán una web abierta si te escuchan AHORA.

Ayúdanos a que se nos escuche y asegúrate de que la máxima cantidad de ciudadanos pueden llamar a sus representantes en Europa para detener cualquier regla que imponga impuestos a los enlaces y que fuerce el filtrado de contenidos.

Actúa ahora: act1.openmedia.org/savethelink

Descubre más sobre la campaña “Salva el Enlace” en: www.savethelink.org

Más sobre el impuesto al enlace
Más sobre filtrado de contenidos

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Protege Internet contra propuestas envenenadas

La nueva imagen corporativa del Ministerio de “Cultura”

El Ministerio de Cultura* ha desvelado su nueva imagen corporativa, así como algunas de las instalaciones que verán muchos ciudadanos gracias a las siguientes propuestas que Coaliciones de lo que sea harán tras la aprobación de la Ley Biden-Sinde:

copyrightThroughFaith

Ya es hora de dejarse las medias tintas. Hay que empezar a actuar pero de verdad. El que copie y dejen que le copien contenidos tiene que acabar en la cárcel por decisión de la SS (Sección Segunda) del Ministerio de la Verdad de Cultura*.

Las nuevas dependencias de los defensores del copyright desde donde podrán controlar a los ciudadanos justamente capturados por copiar**.

Copyright enforcers office

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Los que presuntamente compartan ficheros o enlacen acabarán en celdas como ésta. Están pensadas para ser compartidas por entre treinta a cuarenta reclusos. Así aprenderán.

The future of filesharers II

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Tanto que le gusta a la gente ver cosas sin pagar, aquí vivirán a costa el estado, pero bien controlados y con la ropa estándar igual para todos:

The future of filesharers I

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*Ministerio al servicio de algunos lobbys de presión de intermediarios de la industria del entretenimiento.

**Copiar contenidos, sea copia privada o no. Eso es lo de menos.

La nueva imagen corporativa del Ministerio de “Cultura”

Una disposición final puesta en evidencia

Copio y pego directamente de MangasVerdes:

El Consejo Fiscal ha puesto los puntos sobre las íes en el debate sobre la tristemente famosa Disposición Adicional Primera de la Ley de Economía Sostenible (LES) que, en su afán por proteger los intereses del lobby de la industria cultural, el Gobierno intenta colarnos por la escuadra.

El informe (PDF, gracias Carlos) del órgano que asiste al fiscal general del Estado (y no olvidemos que a la Fiscalía y el Ministerio Público se les atribuye “la representación de los intereses de la sociedad“, es decir el interés general frente al particular) es claro y contundente:

1. La propiedad intelectual no es un derecho fundamental y no puede equipararse, tal y como pretende el Gobierno, a los bienes jurídicos que actualmente protege la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información: el orden público, la investigación penal, la seguridad pública, la defensa nacional, la salud pública, la dignidad de la persona en su vertiente de no discriminación por razón de raza, sexo, religión, opinión, nacionalidad, discapacidad o cualquier otra circunstancia personal o social, la protección de la juventud y de la infancia.

La propiedad intelectual, por tanto, no es un bien de interés general.

2. La identificación de usuarios por parte de las operadoras, más allá de aquellos datos que aparecen en el registro del titular, “puede estar en contradicción con lo establecido en la Ley 25/2007 de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas que exige autorización judicial previa para la facilitación de todos los datos que constituyen el objeto de la misma”.

“En cualquier caso, lo que en ningún supuesto puede recabar la Comisión, ni puede ser proporcionado por los prestadores de servicios de la sociedad de la información son informaciones referidas a comunicaciones privadas que puedan afectar al derecho fundamental al secreto de las comunicaciones, que requieren ineludiblemente autorización judicial expresa en un marco penal”.

3. El Consejo hace hincapié en que las medidas de la Comisión Administrativa podrán aplicarse “solo a los ataques de mayor gravedad y lesividad de los derechos” de propiedad intelecutal. Y para ello recuerda “la reciente Directiva 2009/140 del Parlamento y del Consejo [europeos], de 25 noviembre” que, en su artículo 1 b) 3 bis advierte, entre otras cosas:

Cualquiera de esas medidas relativas al acceso o al uso por parte de los usuarios finales de los servicios y las aplicaciones a través de redes de comunicaciones electrónicas, que sea susceptible de restringir esos derechos y libertades fundamentales solo podrá imponerse si es adecuada, proporcionada y necesaria en una sociedad democrática, y su aplicación estará sujeta a las salvaguardias de procedimiento apropiadas de conformidad con el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y con los principios generales del Derecho comunitario, que incluyen una protección judicial efectiva y un procedimiento con las debidas garantías”.

4. El Consejo recuerda igualmente que los delitos contra los derechos de propiedad intelectual ya “son perseguibles de oficio como delitos públicos” y, por tanto, la “la obligación establecida por el artículo 262 LECrim de denunciar a las autoridades competentes, que en dicho precepto se designan, en el supuesto en que la Comisión tenga conocimiento de hechos que manifiestamente revistan los caracteres de delito contra la propiedad intelectual”.

5. “Diferir la regulación del procedimiento a través del cual la Comisión ejercerá las funciones atribuidas (…) mediante la adopción de medidas, como la de interrumpir la prestación del servicio o retirar los contenidos ilícitos, a un Reglamento posterior sin que en la Ley se hayan establecido al menos los presupuestos y principios básicos de ese procedimiento no es procedente, por lo que se propugna que (…) se haga por Ley”.

La composición de la Sección Segunda de la Comisión (la que tiene como fin el cierre de páginas web, frente a la Primera, que buscará la conciliación) no aparece definida en la LES, a pesar de que tiene “un especial potencial invasivo en el terreno de la afección de derechos fundamentales”: “La exigencia por la Ley de Servicios de Sociedad de la Información de que las medidas restrictivas del artículo 8 sean “objetivas, proporcionadas y no discriminatorias” -al igual que las adoptadas en virtud del art. 138, párrafo tercero in fine del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aconseja un mayor nivel de precisión al respecto, presidido por una clara idea de asentamiento de bases de imparcialidad y adecuada representación”.

Nada que no hayamos argumentado ya quienes consideramos que esta ley resulta improvisada, forzada, torticera, lobbista, peligrosa, antidemocrática, inconstitucional y, además, imposible de llevar a la práctica con éxito. Pero está bien que sean los propios agentes de la Justicia los que comiencen a llamar a las cosas por su nombre. Algo que deberíamos hacer también aquellos que apostamos por la defensa de los derechos fundamentales dentro y fuera de la Red.

Es decir, que aquí no hay González-Sinde ni Miguel Sebastián que valgan. El proyecto de contentar a la industria es un reto personal de José Luis Rodríguez Zapatero, secuestrado o ensimismado por las reivindicaciones del lobby, como ha puesto de manifiesto en la recepción a los ganadores de la última edición de los Goya. Todo lo demás, una tremenda parafernalia para evitar el queme derivado de situarse en primera línea del debate.

Pues bien, como artífice y máximo responsable de este auténtico atentado democrático, le toca mover ficha. Continuar cambiando leyes a gusto del interés particular para dar encaje a las pretensiones de la industria o eliminar la Disposición Adicional Primera y abrir el gran debate que todos demandamos sobre derechos de autor y propiedad intelectual. Un debate en el que estemos todos representados y en el que los argumentos prevalezcan sobre la mentira y la manipulación interesada.

Los fiscales han hablado. Y no estaría de más que a ellos y a los jueces se les dejase hace aquello que ellos, y no las colaciones ni las SGAE, sí tienen encomendado: repartir justicia y perseguir delitos allí donde los haya, que no es el caso, como bien saben ellos y nosotros, de la difusión de la cultura sin ánimo de lucro.

Una disposición final puesta en evidencia

Denuncia al Estado Español por permitir monopolios de las entidades de gestión

Copio y pego esta interesante propuesta (a la que me he sumado) de David Bravo y Javier de la Cueva. Eso sí, añado una Nota: No estoy de acuerdo con que la caída del canon sea exclusivamente cosas de los procedimientos legales lanzados. No comparto la idea de hacer de menos la plataforma de “todos contra el canon” pues como bien se apunta en varios foros, en la lucha contra el canon, contra el abuso de las entidades todos sumamos. Más o menos, pero todo suma. Concienciar a la sociedad es vital para poder dar más pasos. El camino no se hace de un salto, sino paso a paso y con esfuerzos conjuntos de todos los implicados en estas batallas. En pocas palabras, si queremos acabar con la radicalización del copyright, no podemos restar, sólo sumar y como máximo no compartir:

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“El que sabe no habla, el que habla no sabe”

Con esta frase del Tao Te Ching quisiéramos David Bravo y Javier de la Cueva invitar a los ciudadanos a compartir con nosotros una acción jurídica contra el Estado español por vulneración de la normativa comunitaria.

El informe publicado ayer “Sobre la gestión colectiva de los derechos de la propiedad intelectual” de la Comisión Nacional de la Competencia, manifiesta con total rotundidad que España podría estar infringiendo el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea por permitir que las entidades de gestión (SGAE, AGEDI, etc.,) realicen una explotación abusiva de su posición dominante. El informe asegura que esto es así porque puede entenderse que es precisamente la Ley de Propiedad Intelectual española “la que hace factible que las entidades de gestión adopten o puedan adoptar de forma reiterada comportamientos abusivos de su posición de dominio”.

Con la intención de que España cese en la conducta presuntamente infractora que se describe en ese informe, hemos redactado la correspondiente denuncia que ponemos a disposición de todos los ciudadanos que quieran sumarse a su interposición.

La invitación a la ciudadanía a participar en acciones legales libres utilizando la Red, nació el 30 de agosto de 2003 cuando se puso a disposición de todos unos procedimientos libremente utilizables. El primero de ellos se dirigió contra el canon en los soportes digitales, hoy pendiente de sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Si bien fueron muchas las voces que se alzaron contra el canon, pocas personas decidieron luchar jurídicamente contra el mismo, a pesar del procedimiento fácil y gratuito del que se disponía.

Posteriormente y tras la sentencia de Ladinamo, nacieron los procedimientos en defensa del Copyleft y somos líderes mundiales en resoluciones favorables. Luego llegaron las webs de enlaces, con la liberación de la nota para la vista de las medidas cautelares contra Sharemula y la liberación que ahora estamos llevando a cabo en favor de nuestros compañeros abogados y sus clientes de los escritos que hemos utilizado en su defensa. Después, vino la contestación de la Revista Cultural Quimera a la demanda de la SGAE que fue utilizada por la defensa de la CNT para obtener una sentencia absolutoria en la demanda que le interpuso tal entidad.

El método ha demostrado ser eficaz y por eso ahora queremos presentar la siguiente acción legal, animándoos a interponerla. La pregunta que todos se hacen tras el Manifiesto es la de ¿y ahora qué?

El problema que tienen las palabras es que se las lleva el viento. Si el canon cae, no es por la campaña de Todos contra el canon [leer nota más arriba. N del E.], sino por una sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Lo que hace falta es el ejercicio efectivo de los derechos, porque las voces ya sobran cuando comienzan a ser sospechosas de su vacuidad e impostura: el que sabe no habla y el que habla no sabe.

El procedimiento que ofrecemos es gratuito y no cabe condena en costas. Consiste en denunciar ante Europa los abusos que estamos sufriendo de manos de los sucesivos gobiernos en el campo de la propiedad intelectual. No lo decimos nosotros, nos lo dice el informe de la Comisión Nacional de la Competencia que ha salido a la luz pública ayer, y que para los que nos dedicamos a la propiedad intelectual ha supuesto una cura de humildad porque nos ha demostrado lo poco que sabemos. Si bien ese Informe es la base y el fundamento de nuestra denuncia, tenemos otra razón, que nos da un ilustre jurista, John Rawls, quien en su Teoría de la Justicia señalaba lo siguiente:

“La responsabilidad no recae en los que protestan, sino en aquellos cuyo abuso de poder y de autoridad justifica tal oposición, porque emplear el aparato coercitivo del Estado para mantener instituciones manifiestamente injustas es una forma de fuerza ilegítima a la que los hombres tienen derecho a resistir”.

Para interponer la denuncia basta con que rellenéis la plantilla que se halla en los enlaces que señalamos más abajo. En la misma figuran las instrucciones. Sólo os costará un paseo a una oficina de Correos y el importe de una carta certificada.

Lo verdaderamente importante de la Red es cuando cristaliza en el territorio físico. Si no ejercemos nuestros derechos mediante acciones legales y simplemente gritamos, siempre seremos víctimas del poder.

David Bravo y Javier de la Cueva, abogados.

Plantilla en formato .doc

Plantilla en formato .odt

Preguntas más frecuentes.

Denuncia al Estado Español por permitir monopolios de las entidades de gestión

Una ley que perjudica a los autores en un ejemplo

Esta es una historia basada en hechos reales:

Hace unos años existía una página web de entre tantas que compartían letras de canciones de un famoso grupo musical. En dicha página que tenía algo de publicidad de Google que apenas daba para pagar parte del alojamiento, los usuarios compartían letras, las comentaban, explicaban qué significaba para ellos esas canciones, recomendaban escuchar otros discos, se organizaban para acudir a conciertos y en definitiva compartían sus opiniones y sensaciones acerca de la actividad de su grupo favorito.

Pero con la ley en la mano, y principalmente a partir de 2006, el compartir esas letras era una presunta vulneración de la famosa ley de propiedad intelectual que supuestamente debe proteger a los artistas; a los creadores e intérpretes.

Un día, ciertas entidades de gestión de derechos colectivos de autor y otra de ejecutantes enviaron una carta redactada por sesudos abogados a los administradores de dicha página web. En ella se exigía a la web que debería cesar sus actividades por presunta infracción de derechos de autor si es que no querían enfrentarse a un caro y complicado juicio que seguramente perderían.

Los administradores, ante esa misiva, tuvieron miedo. No podían permitirse pagar abogados; rápidamente cedieron y tras un breve mensaje avisando del inminente cierre de la página. A los pocos días la cerraron para tristeza y decepción de los usuarios.

¿Cómo creen que se sintieron los usuarios de aquella web? ¿Qué pensaron del grupo al que admiraban? ¿Qué pasó con todos aquellos que iban a ir a conciertos futuros del grupo?

Lo cierto es que la ley sí dice que compartir esas letras puede ser una infracción de los derechos de autor, lo que nos debe hacer reflexionar muy seriamente sobre si esa ley está bien o es un tremendo error el mantenerla en pleno siglo XXI cual rémora de un pasado que no debería volver jamás.

Si una ley tiene mayor costo social que posibles beneficios debe ser cambiada lo antes posible.

En este ejemplo existen dos afectados principales, los fans y los autores e intérpretes; esos a los que la ley debería proteger. En cambio son los intermediarios, absurdos e innecesarios, los que se anotan una supuesta victoria contra temibles “piratas”. Esos que se jactan de haber acabado con la terrible amenaza de ¿unos fans de un grupo que comparten la ilusión y la magia, que van a conciertos y que son en última instancia lo más importante para esos grupos que cada día tienen que competir más por captar la atención y fidelizar a los consumidores?

Es curioso que cuando analizamos el nivel de absurdo al que nos enfrentamos observamos que las leyes de derecho de autor, tal y como están redactadas tienen un único resultado final, que es mantener a los intermediarios de modelos de negocio obsoletos, actuando contra los intereses de autores, intérpretes y sobre todo, de la ciudadanía en general.

Desde aquí un aplauso a nuestros políticos, esos a los que incomprensiblemente continuamos votando aunque perpetúan el robo y el expolio de una cultura que nos pertenece a todos por el mantenimiento en la auto-complacencia de la mentira y el abuso de modelos basados en una escasez, la de capacidad de copia y distribución, que ni es ni puede llegar a ser.

Texto por Mario Pena en expresa devolución al dominio público

Una ley que perjudica a los autores en un ejemplo

Cuando las intenciones de los políticos quedan al descubierto

Las costumbres de consumo de los internautas están cambiando. No hablo de piratería porque no lo es. Considero, con toda clase de argumentos que los piratas son los políticos que impulsan leyes que limitan y roban del dominio público, que hacen leyes para extender las leyes del copyright, que criminalizan a los ciudadanos y las industrias que plagian sin sonrojarse siquiera y todavía se creen en posesión de todos los derechos, también los de los ciudadanos.

Pero resumiendo, la gente en lugar de descargar contenidos, cada vez más accede a ellos de forma en linea “on-line”. Ya han dejado de acumularse ingentes cantidades de contenidos en discos duros. Esto viene a confirmar lo que muchos hemos sostenido. La ciudadanía no desea el mal a los artistas, al menos la mayoría de éstos, sino que quieren acceder a los contenidos de forma económica, ubicua y en todo momento. La gente quiere contenidos y, porqué no, crea contenidos.

No sólo cambia que la gente ya no descarga, sino que cada vez más empiezan a subir sus propios contenidos que otros a su vez consumirán en línea creando un ciclo de creación consumo a una escala global.

Todos estos cambios de costumbres en los últimos meses llevan una tendencia clara: Los contenidos estarán en la nube, bajo sistemas que usan  el cloud-computing (computación en nube) para bien o para mal.

El futuro es y será la Red y los modelos de negocio nacerán y morirán en y por ella. Los equipos que ahora son el futuro son instrumentos para comunicarnos con nuestros espacios de almacenaje en Internet. Ya ni siquiera hacen falta copias infinitas de los contenidos, sino infinidad de accesos posibles a dichos registros en la web.

Y esto tiene sus ventajas y desventajas:

1.- El hecho de que los contenidos ya no estén en los equipos hace que estos sean especialmente vulnerables y puedan desaparecer. El P2P ha sido un gran invento que ha devuelto a la gente parte de lo que algunas industrias han robado a la humanidad. El derecho a acceder a la cultura y contenidos que en mayor o menor grado pertencen al conjunto de los ciudadanos. Pero al no tener ya los contenidos alojados, dependerá de las empresas que están en la “nube” que éstos estén disponibles, por lo tanto son vulnerables a las presiones y la obsesión caduca de ciertos estamentos.

2.- Se pueden generar modelos de negocio que remuneren además de forma justa, no arbitraria como hasta ahora, a aquellos artistas cuyos contenidos son más veces accedidos. Además se abren nuevas posibilidades antes nunca exploradas que exploten, por ejemplo, la economía de escala en función del valor que  hay que dar a la escasez de atención disponible por parte del público.

3.- Se pone de manifiesto que a pesar de estos cambios los políticos siguen con sus leyes fascistas que llaman piratas a quienes descargan incluso cuando en no mucho tiempo ya no se descargará nada a los ordenadores, incluso cuando las industrias más recalcitrates admiten su derrota y deciden por fin poner su música de forma gratuita online bajo nuevos modelos de negocio basados en economía de escala y adquisición de la atención. Esto demuestra que realmente a los políticos les importa más bien poco lo que pase con los artistas, sino más bien que quieren meter mano en nuestras comunicaciones teniendo poder legal para espiarnos y censurarnos. Algo que todo buen manual de pequeños dictadores parece sugerir a nuestras falsas democracias.

4.- Las entidades de gestión querrán, a pesar de todo, seguir cobrando su cuota de canon de CDs y DVDs que no se venden y pedirán añadir canon a las conexiones de banda ancha, aunque los nuevos modelos lo hagan totalmente improcedente ya que se podrá pagar a cada artista lo que le corresponde de forma justa y transparente. Es que no hay nada como esperar sentados a recibir cheques sin hacer nada.

¿Qué podemos concluir?

Pues ni más ni menos que aquello que hemos sostenido durante tanto tiempo. Internet es una amenaza para los poderosos. Sea como sea tienen que controlarla y harán lo imposible para lograrlo, incluso cuando muchas de sus escusas, que no eran otra cosa, se muestran falsas y carentes de todo sentido.

No esperen que personajes como Sarkozy o Berlusconi vayan a hacer caso de las tendencia. No esperen que las entidades de gestión y muchas industrias vayan a cambiar en breve. La evidencia científica es suplantada por la oscuridad, la mentira y la superstición. Mientras hemos de seguir protegiendo Internet de ellos y de nosotros mismos. Porque en juego está nuestra propia esencia, nuestra propia libertad y esa lucha no terminará nunca.

Internet, la evidencia científica, las tendencias y la realidad quitan las máscaras a los pseudo democratas y pseudo defensores de la cultura, devuelviendo la razón a los ciudadanos; pero la pregunta es ¿aún siendo patente la mentira a la que nos someten, seguiremos manteniendo en el poder y seguiremos consintiendo los insultos de políticos e industrias?

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Cuando las intenciones de los políticos quedan al descubierto

El bulo de la ley de 1 Octubre

Por David Bravo Bueno

El año pasado las noticias que aseguraban que había que empezar a buscar sitio a 95.000 personas en las cárceles del país hizo correr ríos de tinta en Internet. La denuncia que nunca llegó no solo no consiguió su propósito disuasor sino que un buen número de internautas, tras comprobar que el Código Penal no estaba redactado de tal manera que considere criminales a medio país, hicieron lo posible por difundir que se necesita ánimo de lucro para que las reproducciones y la comunicación pública de obras intelectuales se consideren delictivas. Se abrió entonces el debate: por un lado estaba la lógica empresarial para la que no es descabellado que mi primo merezca la cárcel por bajarse la canción de los lunnies y por la otra la de unos internautas a los que la denominación “pirata” ya no les hacía ninguna gracia.

Este año el Apocalipsis no llega en forma de denuncia sino en forma de reforma. El nuevo mito, tan cierto como las denuncias del Sr. Ribas, es que a partir del 1 de Octubre “descargar una canción” de una red P2P puede costarte hasta 2 años de cárcel. Sin embargo, no hay más que ver el texto legal anterior y el reformado para darse cuenta de que en lo que se refiere a las acciones que se realizan en las redes de pares no se ha cambiado ni una sola letra. Es decir, en lo que respecta a la reproducción y a la comunicación pública de obras intelectuales no existe reforma alguna.

La noticia que aseguraba la mala nueva se basaba en que el futuro Código Penal no exigirá expresamente el ánimo de lucro para quien “intencionadamente importe” obras intelectuales. El error que ha alarmado a media Internet, por absurdo que parezca, ha consistido únicamente en la confusión de los significados de “importar” y “reproducir”.

La palabra “importar” no es ni tan siquiera un tecnicismo de difícil comprensión al que puedan atribuírseles mil significados y que incite a apasionadas discusiones que desentrañen su difícil definición, sino que es una palabra de uso común y habitual y que como todos sabemos significa, sencillamente, “introducir en el país”. Es cierto que probablemente tu programa de correo hable de “importar correo” o que tu programa de registro hable de “importar registro” pero las leyes, todavía, no las escriben los programadores de software y, por ahora, siguen basándose en los significados que a las palabras ha decidido asignarle nuestro diccionario. Y no es solo eso sino que, para colmo, el término “importar” no lo introduce la reforma sino que en este mismo instante, mientras usted lee estas líneas, ya se encuentra en el actual Código Penal. Lo que se realiza en las redes de pares no es “importar” sino “reproducir”, algo que nadie medianamente iniciado discute (y cuando digo nadie quiero decir que ni la SGAE, ni Xavier Ribas, ni ningún libro sobre propiedad intelectual, ni ningún juez) y para que reproducir sea delito se precisará el 1 de Octubre lo mismo que ahora: ánimo de lucro y perjuicio de tercero. Podemos, a partir de ahí, discutir sobre el significado de “ánimo de lucro” pero, lo que es evidente es que si ahora no es delictiva la reproducción y comunicación pública de obras intelectuales tampoco lo será a partir del 1 de Octubre y si lo va a ser a partir del 1 de Octubre es porque ya lo es ahora.

Este mito no es inofensivo. No es solo que dentro de un mes a más de uno le va a costar conciliar el sueño porque cree haber cometido el delito de bajarse una canción que para colmo ni siquiera le ha gustado, sino que la creencia generalizada de la ilicitud de un acto puede tener efectos jurídicos. El artículo tercero del Código Civil establece que los jueces han de interpretar las normas de forma coherente a la realidad social del momento por lo que la autocriminalización generalizada obliga al juez a interpretar las normas teniendo en cuenta esa conciencia socialmente aceptada. Creer sin más un bulo semejante ayuda de manera eficaz a que se convierta en realidad.

No son solo algunos periodistas adictos a las malas noticias, también el Ministerio de Cultura informa confundiendo. Según su última campaña “la difusión de contenidos ilegales en Internet es un delito castigado incluso con la cárcel”. Es cierto que la frase es ambigua y al hablar de “contenidos ilegales” no tiene por qué referirse a obras protegidas por copyright, sin embargo basta con llamar al número que para dar el chivatazo te facilitan en la propaganda, para que un contestador automático confirme las sospechas: la voz grabada autodenomina el lugar al que has llamado como la “federación antipiratería”.

Efectivamente tal y como dice el Ministerio la difusión de obras intelectuales sin contar con la pertinente autorización es una acción delictiva… siempre que tengas ánimo de lucro. Esta última aclaración que no se incluyó en el cartel supongamos que por falta de espacio tampoco se da al llamar al teléfono que aparece en el famoso cartel.

Este tipo de propaganda cuesta dinero (el nuestro, concretamente) y esa inversión no se haría si no fuera porque tiene los resultados de confusión que se esperan. Sin ir más lejos la maquinaria propagandística ha conseguido hacer creer a la mayoría que las “copias privadas” (esas que podemos hacer sin autorización del autor) y las “copias de seguridad” son una misma cosa. No son pocos los que piensan que la copia privada es solamente aquella que una persona hace del compacto o del DVD que él mismo ha comprado en la tienda, por lo que las reproducciones que se hacen en Internet no estarían incluidas en el concepto y serían por lo tanto ilegales. Esa definición, que es la definición exacta de “copia de seguridad”, corre como la pólvora por la Red a pesar de que la Ley de la Propiedad Intelectual es bastante clara a la hora de definir la copia privada simplemente como aquella “reproducción” que se hace “sin fin lucrativo” y para uso “privado”. Esa clara definición que da la ley no es la que más gracia le hace a un importante sector de la industria porque una interpretación literal de este precepto parece claro que ampara las reproducciones (descargas) que se hacen en Internet, por lo que no han tardado en poner a trabajar a sus abogados para que consigan elaborar una interpretación más acorde con sus intereses privados. Después los medios de comunicación harán el resto.

Y es por eso por lo que una gran parte de Internet cree que la “copia privada” es solamente aquella que hace el “usuario legítimo” para (cuantas veces lo han oído) escuchar la copia de su compacto original en su coche. No importa que las palabras “usuario legítimo” brillen por su ausencia a la hora de definir la copia privada y solo aparezcan a la hora de comentar la de “seguridad”. Probablemente serán pocos los que se molestarán en comprobarlo y, para los que lo hagan, se les dirá hasta la saciedad que ambos conceptos son lo mismo. Probablemente el legislador usó esas palabras como sinónimo para que el texto legal no se repitiera tanto y ganara en calidad literaria.

Sin embargo, lo cierto es que ambos conceptos son bien distintos y esa diferencia la deja clara nuestra Ley de la Propiedad Intelectual. La ley permite la copia privada “sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 25 y 99.a”. El artículo 25 es el que regula el ya archiconocido canon y el artículo 99.a es, precisamente, el que prohíbe la copia privada de programas de ordenador cuya reproducción estará prohibida “incluso para uso personal”. Sin embargo, en el artículo 100 se permite “la realización de una copia de seguridad por parte de quien tiene derecho a utilizar el programa”. Es decir, tan distinta es la copia privada y la copia de seguridad que los programas de ordenador tienen prohibida la primera mientras que tienen permitida la segunda. Y esto es así no solo en España. En la mayoría de países en los que se permite la copia privada de obras intelectuales se prohíbe la misma a los programas de ordenador facultándose tan solo la posibilidad de la copia de seguridad de su titular legítimo.

El Decreto 141 de 1993 sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos de Honduras permite en su artículo 46 la “reproducción de una copia de la obra para el uso personal y exclusivo del usuario”. Sin embargo esta misma ley establece que lo permitido a los programas de ordenador es “la reproducción de una sola copia exclusivamente con fines de resguardo o seguridad”.

Lo mismo ocurre con la Ley Federal del Derecho de Autor de 1996 de México que permite la “reproducción por una sola vez, y en un solo ejemplar, de una obra literaria o artística, para uso personal y privado de quien la hace y sin fines de lucro”. Sin embargo establece que “el usuario legítimo” podrá realizar una reproducción de un programa de ordenador siempre y cuando “sea destinada exclusivamente como resguardo para sustituir la copia legítimamente adquirida”.

Puede decirse en resumen que la copia privada y la copia de seguridad son dos conceptos distintos y el requisito de ser el “usuario legítimo de la obra” solo es exigible para la realización de la segunda en tanto que no lo es para la de la primera.

A pesar de todo nada de eso importa a una industria que usa los medios de comunicación para promover la confusión y el pánico. Pero quieran o no lo cierto es que la reproducción de obras en Internet (la descarga) no infringe las leyes penales cuando se carece de ánimo de lucro (ni ahora ni a partir del 1 de Octubre) ni tampoco las civiles (a tenor del artículo 31.2 de la LPI que permite la reproducción para uso privado, lo que actualmente entendemos como “copia privada”). Es en la comunicación pública (el “upload”) donde se encuentra realmente la polémica.

Si bien en el ámbito penal es claro que tampoco la comunicación pública es delictiva a no ser que se tenga ánimo de lucro, en el ámbito civil es más dudoso porque la Ley de la Propiedad Intelectual no exige el lucro para considerar ilegal la comunicación pública que no cuente con la autorización del autor.

En mi opinión una interpretación lógica del precepto exigiría que para que la comunicación pública sea ilegal debe ser ésta, por lo menos, un acto consciente y han de existir actos positivos por parte del que comunica, sin ser suficiente el mero hecho de que esta comunicación se haga de forma automática como habitualmente ocurre en las redes de pares. Esto no deja de ser una interpretación que aunque compartida por muchos juristas (en el libro Comentarios a la Ley de la Propiedad Intelectual se habla de la necesidad de que la comunicación sea una actitud consciente y pretendida) y jueces (es famoso el juez de Canadá que falló en tal sentido) entiendo que puede dar lugar al debate. En cualquier caso creo que la diferencia entre delito e ilícito civil no es baladí. Nada menos que las rejas marcan esa diferencia.

David Bravo Bueno

El bulo de la ley de 1 Octubre