Protege Internet contra propuestas envenenadas

De: https://www.thunderclap.it/projects/49316-take-action-to-save-the-link

La Unión Europea acaba de proponer unas de las peores leyes de “copyright” del mundo.

Éstas incluyen capacidades de imponer impuestos a los enlaces por parte de los gigantes editoriales, y obligación a sitios web para monitorizar y filtrar contenidos. Esto daña tu derecho a compartir y acceder a contenidos.

Los miembros del Parlamento Europeo tienen el poder de detener esta desastrosa propuesta directamente antes de empezar a echar a andar. Pero sólo defenderán una web abierta si te escuchan AHORA.

Ayúdanos a que se nos escuche y asegúrate de que la máxima cantidad de ciudadanos pueden llamar a sus representantes en Europa para detener cualquier regla que imponga impuestos a los enlaces y que fuerce el filtrado de contenidos.

Actúa ahora: act1.openmedia.org/savethelink

Descubre más sobre la campaña “Salva el Enlace” en: www.savethelink.org

Más sobre el impuesto al enlace
Más sobre filtrado de contenidos

Protege Internet contra propuestas envenenadas

La nueva imagen corporativa del Ministerio de “Cultura”

El Ministerio de Cultura* ha desvelado su nueva imagen corporativa, así como algunas de las instalaciones que verán muchos ciudadanos gracias a las siguientes propuestas que Coaliciones de lo que sea harán tras la aprobación de la Ley Biden-Sinde:

copyrightThroughFaith

Ya es hora de dejarse las medias tintas. Hay que empezar a actuar pero de verdad. El que copie y dejen que le copien contenidos tiene que acabar en la cárcel por decisión de la SS (Sección Segunda) del Ministerio de la Verdad de Cultura*.

Las nuevas dependencias de los defensores del copyright desde donde podrán controlar a los ciudadanos justamente capturados por copiar**.

Copyright enforcers office

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Los que presuntamente compartan ficheros o enlacen acabarán en celdas como ésta. Están pensadas para ser compartidas por entre treinta a cuarenta reclusos. Así aprenderán.

The future of filesharers II

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Tanto que le gusta a la gente ver cosas sin pagar, aquí vivirán a costa el estado, pero bien controlados y con la ropa estándar igual para todos:

The future of filesharers I

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*Ministerio al servicio de algunos lobbys de presión de intermediarios de la industria del entretenimiento.

**Copiar contenidos, sea copia privada o no. Eso es lo de menos.

La nueva imagen corporativa del Ministerio de “Cultura”

Una disposición final puesta en evidencia

Copio y pego directamente de MangasVerdes:

El Consejo Fiscal ha puesto los puntos sobre las íes en el debate sobre la tristemente famosa Disposición Adicional Primera de la Ley de Economía Sostenible (LES) que, en su afán por proteger los intereses del lobby de la industria cultural, el Gobierno intenta colarnos por la escuadra.

El informe (PDF, gracias Carlos) del órgano que asiste al fiscal general del Estado (y no olvidemos que a la Fiscalía y el Ministerio Público se les atribuye “la representación de los intereses de la sociedad“, es decir el interés general frente al particular) es claro y contundente:

1. La propiedad intelectual no es un derecho fundamental y no puede equipararse, tal y como pretende el Gobierno, a los bienes jurídicos que actualmente protege la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información: el orden público, la investigación penal, la seguridad pública, la defensa nacional, la salud pública, la dignidad de la persona en su vertiente de no discriminación por razón de raza, sexo, religión, opinión, nacionalidad, discapacidad o cualquier otra circunstancia personal o social, la protección de la juventud y de la infancia.

La propiedad intelectual, por tanto, no es un bien de interés general.

2. La identificación de usuarios por parte de las operadoras, más allá de aquellos datos que aparecen en el registro del titular, “puede estar en contradicción con lo establecido en la Ley 25/2007 de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas que exige autorización judicial previa para la facilitación de todos los datos que constituyen el objeto de la misma”.

“En cualquier caso, lo que en ningún supuesto puede recabar la Comisión, ni puede ser proporcionado por los prestadores de servicios de la sociedad de la información son informaciones referidas a comunicaciones privadas que puedan afectar al derecho fundamental al secreto de las comunicaciones, que requieren ineludiblemente autorización judicial expresa en un marco penal”.

3. El Consejo hace hincapié en que las medidas de la Comisión Administrativa podrán aplicarse “solo a los ataques de mayor gravedad y lesividad de los derechos” de propiedad intelecutal. Y para ello recuerda “la reciente Directiva 2009/140 del Parlamento y del Consejo [europeos], de 25 noviembre” que, en su artículo 1 b) 3 bis advierte, entre otras cosas:

Cualquiera de esas medidas relativas al acceso o al uso por parte de los usuarios finales de los servicios y las aplicaciones a través de redes de comunicaciones electrónicas, que sea susceptible de restringir esos derechos y libertades fundamentales solo podrá imponerse si es adecuada, proporcionada y necesaria en una sociedad democrática, y su aplicación estará sujeta a las salvaguardias de procedimiento apropiadas de conformidad con el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y con los principios generales del Derecho comunitario, que incluyen una protección judicial efectiva y un procedimiento con las debidas garantías”.

4. El Consejo recuerda igualmente que los delitos contra los derechos de propiedad intelectual ya “son perseguibles de oficio como delitos públicos” y, por tanto, la “la obligación establecida por el artículo 262 LECrim de denunciar a las autoridades competentes, que en dicho precepto se designan, en el supuesto en que la Comisión tenga conocimiento de hechos que manifiestamente revistan los caracteres de delito contra la propiedad intelectual”.

5. “Diferir la regulación del procedimiento a través del cual la Comisión ejercerá las funciones atribuidas (…) mediante la adopción de medidas, como la de interrumpir la prestación del servicio o retirar los contenidos ilícitos, a un Reglamento posterior sin que en la Ley se hayan establecido al menos los presupuestos y principios básicos de ese procedimiento no es procedente, por lo que se propugna que (…) se haga por Ley”.

La composición de la Sección Segunda de la Comisión (la que tiene como fin el cierre de páginas web, frente a la Primera, que buscará la conciliación) no aparece definida en la LES, a pesar de que tiene “un especial potencial invasivo en el terreno de la afección de derechos fundamentales”: “La exigencia por la Ley de Servicios de Sociedad de la Información de que las medidas restrictivas del artículo 8 sean “objetivas, proporcionadas y no discriminatorias” -al igual que las adoptadas en virtud del art. 138, párrafo tercero in fine del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aconseja un mayor nivel de precisión al respecto, presidido por una clara idea de asentamiento de bases de imparcialidad y adecuada representación”.

Nada que no hayamos argumentado ya quienes consideramos que esta ley resulta improvisada, forzada, torticera, lobbista, peligrosa, antidemocrática, inconstitucional y, además, imposible de llevar a la práctica con éxito. Pero está bien que sean los propios agentes de la Justicia los que comiencen a llamar a las cosas por su nombre. Algo que deberíamos hacer también aquellos que apostamos por la defensa de los derechos fundamentales dentro y fuera de la Red.

Es decir, que aquí no hay González-Sinde ni Miguel Sebastián que valgan. El proyecto de contentar a la industria es un reto personal de José Luis Rodríguez Zapatero, secuestrado o ensimismado por las reivindicaciones del lobby, como ha puesto de manifiesto en la recepción a los ganadores de la última edición de los Goya. Todo lo demás, una tremenda parafernalia para evitar el queme derivado de situarse en primera línea del debate.

Pues bien, como artífice y máximo responsable de este auténtico atentado democrático, le toca mover ficha. Continuar cambiando leyes a gusto del interés particular para dar encaje a las pretensiones de la industria o eliminar la Disposición Adicional Primera y abrir el gran debate que todos demandamos sobre derechos de autor y propiedad intelectual. Un debate en el que estemos todos representados y en el que los argumentos prevalezcan sobre la mentira y la manipulación interesada.

Los fiscales han hablado. Y no estaría de más que a ellos y a los jueces se les dejase hace aquello que ellos, y no las colaciones ni las SGAE, sí tienen encomendado: repartir justicia y perseguir delitos allí donde los haya, que no es el caso, como bien saben ellos y nosotros, de la difusión de la cultura sin ánimo de lucro.

Una disposición final puesta en evidencia

Denuncia al Estado Español por permitir monopolios de las entidades de gestión

Copio y pego esta interesante propuesta (a la que me he sumado) de David Bravo y Javier de la Cueva. Eso sí, añado una Nota: No estoy de acuerdo con que la caída del canon sea exclusivamente cosas de los procedimientos legales lanzados. No comparto la idea de hacer de menos la plataforma de “todos contra el canon” pues como bien se apunta en varios foros, en la lucha contra el canon, contra el abuso de las entidades todos sumamos. Más o menos, pero todo suma. Concienciar a la sociedad es vital para poder dar más pasos. El camino no se hace de un salto, sino paso a paso y con esfuerzos conjuntos de todos los implicados en estas batallas. En pocas palabras, si queremos acabar con la radicalización del copyright, no podemos restar, sólo sumar y como máximo no compartir:

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“El que sabe no habla, el que habla no sabe”

Con esta frase del Tao Te Ching quisiéramos David Bravo y Javier de la Cueva invitar a los ciudadanos a compartir con nosotros una acción jurídica contra el Estado español por vulneración de la normativa comunitaria.

El informe publicado ayer “Sobre la gestión colectiva de los derechos de la propiedad intelectual” de la Comisión Nacional de la Competencia, manifiesta con total rotundidad que España podría estar infringiendo el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea por permitir que las entidades de gestión (SGAE, AGEDI, etc.,) realicen una explotación abusiva de su posición dominante. El informe asegura que esto es así porque puede entenderse que es precisamente la Ley de Propiedad Intelectual española “la que hace factible que las entidades de gestión adopten o puedan adoptar de forma reiterada comportamientos abusivos de su posición de dominio”.

Con la intención de que España cese en la conducta presuntamente infractora que se describe en ese informe, hemos redactado la correspondiente denuncia que ponemos a disposición de todos los ciudadanos que quieran sumarse a su interposición.

La invitación a la ciudadanía a participar en acciones legales libres utilizando la Red, nació el 30 de agosto de 2003 cuando se puso a disposición de todos unos procedimientos libremente utilizables. El primero de ellos se dirigió contra el canon en los soportes digitales, hoy pendiente de sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Si bien fueron muchas las voces que se alzaron contra el canon, pocas personas decidieron luchar jurídicamente contra el mismo, a pesar del procedimiento fácil y gratuito del que se disponía.

Posteriormente y tras la sentencia de Ladinamo, nacieron los procedimientos en defensa del Copyleft y somos líderes mundiales en resoluciones favorables. Luego llegaron las webs de enlaces, con la liberación de la nota para la vista de las medidas cautelares contra Sharemula y la liberación que ahora estamos llevando a cabo en favor de nuestros compañeros abogados y sus clientes de los escritos que hemos utilizado en su defensa. Después, vino la contestación de la Revista Cultural Quimera a la demanda de la SGAE que fue utilizada por la defensa de la CNT para obtener una sentencia absolutoria en la demanda que le interpuso tal entidad.

El método ha demostrado ser eficaz y por eso ahora queremos presentar la siguiente acción legal, animándoos a interponerla. La pregunta que todos se hacen tras el Manifiesto es la de ¿y ahora qué?

El problema que tienen las palabras es que se las lleva el viento. Si el canon cae, no es por la campaña de Todos contra el canon [leer nota más arriba. N del E.], sino por una sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Lo que hace falta es el ejercicio efectivo de los derechos, porque las voces ya sobran cuando comienzan a ser sospechosas de su vacuidad e impostura: el que sabe no habla y el que habla no sabe.

El procedimiento que ofrecemos es gratuito y no cabe condena en costas. Consiste en denunciar ante Europa los abusos que estamos sufriendo de manos de los sucesivos gobiernos en el campo de la propiedad intelectual. No lo decimos nosotros, nos lo dice el informe de la Comisión Nacional de la Competencia que ha salido a la luz pública ayer, y que para los que nos dedicamos a la propiedad intelectual ha supuesto una cura de humildad porque nos ha demostrado lo poco que sabemos. Si bien ese Informe es la base y el fundamento de nuestra denuncia, tenemos otra razón, que nos da un ilustre jurista, John Rawls, quien en su Teoría de la Justicia señalaba lo siguiente:

“La responsabilidad no recae en los que protestan, sino en aquellos cuyo abuso de poder y de autoridad justifica tal oposición, porque emplear el aparato coercitivo del Estado para mantener instituciones manifiestamente injustas es una forma de fuerza ilegítima a la que los hombres tienen derecho a resistir”.

Para interponer la denuncia basta con que rellenéis la plantilla que se halla en los enlaces que señalamos más abajo. En la misma figuran las instrucciones. Sólo os costará un paseo a una oficina de Correos y el importe de una carta certificada.

Lo verdaderamente importante de la Red es cuando cristaliza en el territorio físico. Si no ejercemos nuestros derechos mediante acciones legales y simplemente gritamos, siempre seremos víctimas del poder.

David Bravo y Javier de la Cueva, abogados.

Plantilla en formato .doc

Plantilla en formato .odt

Preguntas más frecuentes.

Denuncia al Estado Español por permitir monopolios de las entidades de gestión

Una ley que perjudica a los autores en un ejemplo

Esta es una historia basada en hechos reales:

Hace unos años existía una página web de entre tantas que compartían letras de canciones de un famoso grupo musical. En dicha página que tenía algo de publicidad de Google que apenas daba para pagar parte del alojamiento, los usuarios compartían letras, las comentaban, explicaban qué significaba para ellos esas canciones, recomendaban escuchar otros discos, se organizaban para acudir a conciertos y en definitiva compartían sus opiniones y sensaciones acerca de la actividad de su grupo favorito.

Pero con la ley en la mano, y principalmente a partir de 2006, el compartir esas letras era una presunta vulneración de la famosa ley de propiedad intelectual que supuestamente debe proteger a los artistas; a los creadores e intérpretes.

Un día, ciertas entidades de gestión de derechos colectivos de autor y otra de ejecutantes enviaron una carta redactada por sesudos abogados a los administradores de dicha página web. En ella se exigía a la web que debería cesar sus actividades por presunta infracción de derechos de autor si es que no querían enfrentarse a un caro y complicado juicio que seguramente perderían.

Los administradores, ante esa misiva, tuvieron miedo. No podían permitirse pagar abogados; rápidamente cedieron y tras un breve mensaje avisando del inminente cierre de la página. A los pocos días la cerraron para tristeza y decepción de los usuarios.

¿Cómo creen que se sintieron los usuarios de aquella web? ¿Qué pensaron del grupo al que admiraban? ¿Qué pasó con todos aquellos que iban a ir a conciertos futuros del grupo?

Lo cierto es que la ley sí dice que compartir esas letras puede ser una infracción de los derechos de autor, lo que nos debe hacer reflexionar muy seriamente sobre si esa ley está bien o es un tremendo error el mantenerla en pleno siglo XXI cual rémora de un pasado que no debería volver jamás.

Si una ley tiene mayor costo social que posibles beneficios debe ser cambiada lo antes posible.

En este ejemplo existen dos afectados principales, los fans y los autores e intérpretes; esos a los que la ley debería proteger. En cambio son los intermediarios, absurdos e innecesarios, los que se anotan una supuesta victoria contra temibles “piratas”. Esos que se jactan de haber acabado con la terrible amenaza de ¿unos fans de un grupo que comparten la ilusión y la magia, que van a conciertos y que son en última instancia lo más importante para esos grupos que cada día tienen que competir más por captar la atención y fidelizar a los consumidores?

Es curioso que cuando analizamos el nivel de absurdo al que nos enfrentamos observamos que las leyes de derecho de autor, tal y como están redactadas tienen un único resultado final, que es mantener a los intermediarios de modelos de negocio obsoletos, actuando contra los intereses de autores, intérpretes y sobre todo, de la ciudadanía en general.

Desde aquí un aplauso a nuestros políticos, esos a los que incomprensiblemente continuamos votando aunque perpetúan el robo y el expolio de una cultura que nos pertenece a todos por el mantenimiento en la auto-complacencia de la mentira y el abuso de modelos basados en una escasez, la de capacidad de copia y distribución, que ni es ni puede llegar a ser.

Texto por Mario Pena en expresa devolución al dominio público

Una ley que perjudica a los autores en un ejemplo