Para saber qué es lo próximo que ocurrirá en cuestión de leyes de propiedad intelectual no hay más que leer las declaraciones de organizaciones como la IFPI.

En especial tras concluir que sus medidas de lobby para eliminar derechos y libertades a los ciudadanos es bueno para sus bolsillo.

Dos párrafos llaman especialmente la atención:

«There has been positive momentum in the fight against piracy in 2011. In France, the introduction of the new Hadopi graduated response law has seen peer-to-peer (P2P) piracy levels decline by 26 per cent, with around two million P2P users stopping the activity since warning notices were first sent out in October 2010 according to IFPI/Nielsen.

A newly-published academic study finds evidence that Hadopi has had a positive impact on iTunes sales in France. The analysis, by Danaher et al¹, found that iTunes singles sales were 23 per cent higher than they would have been in the absence of Hadopi. «

Es decir, que concluyen según un estudio que en Francia las ventas en iTunes se han disparado por la existencia de HADOPI, una ley controvertida que amenaza las libertades más esenciales de los ciudadanos y que esperamos acabe pronto ante los más altos tribunales de los derechos humanos.

Si seguimos leyendo, el siguiente párrafo es esclarecedor:

» In Spain a new law came into force to allow the blocking of illegal websites – a positive step, though disappointingly limited in its scope»

Lo que viene a significar que la Disposición Final Primera de la ley de Economía Sostenible, impuesta por la Casa Blanca, tiene un alcance decepcionantemente limitado. Incluso ellos saben que va a fracasar, por lo que ya sabemos cual va a ser la estrategia de los lobbys de la IFPI, seguir bloqueando sitios que enlacen, pero sobre todo van a ir a por los usuarios de P2P para que no puedan seguir usando Internet. Ese es el futuro y sabiendo lo fácil que es a veces cambiar las constituciones de los países, y la inutilidad, para el objetivo declarado al menos, de la Ley Biden-Sinde-Wert, ya sabemos qué es lo siguiente que se va a pedir y se va a conceder. Perseguir a los ciudadanos por el P2P sin importar para qué se use, pero sobre todo espiando sus comunicaciones.

¿O acaso piensan que  las promesas de los políticos de los partidos mayoritarios de no perseguir a los ciudadanos españoles por compartir contenidos de forma supuestamente ilícita vale para algo?