Levantarse e irse

La calidad de las personas se muestra en la capacidad de aceptar críticas. El nivel de la democracia se mide por su libertad de expresión. Me pregunto si ésta periodista que es expulsada de la sala es la única periodista íntegra que queda en este desdichado país…

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La verdadera cara del “Foro para la Nueva Economía” from tgalvez on Vimeo.

Levantarse e irse

Lobbys, políticos, ciudadanos, votantes y leyes

El ataque contra Internet, y por extensión contra los derechos fundamentales de los ciudadanos es total, absoluto y no, no harán prisioneros.

La industria de intermediarios del entretenimiento, o parte de ella, en sinergia con los políticos que temen una evolución por la que los ciudadanos están empezando a pensar por si mismos, se han unido para machacar cualquier posibilidad de disidencia con las más variadas escusas: la lucha contra la pornografía infantil, la “protección” de los derechos de autor (cuando hablamos de la protección de modelos de negocio que no se sostiene ante la evidencia científica), el juego online, etc.

El mecanismo funciona más o menos así:

Los lobbys diseñan las leyes, los políticos las firman y nosotros seguimos votando a esos políticos.

The lobbysts design the laws, politicians sign them… and we keep on voting them.

Así es.

Eso es sin duda lo más grave. Que como sociedad, en general, no veamos que el ataque en todo los frentes contra Internet es un ataque a las libertades más básicas de las personas, un ataque a la ciencia, a la razón, al sentido común. Lo único que está en nuestras manos, además de enfadarnos y denunciar la situación es no votar a los que de una u otra manera, ya sea en el pasado, en la actualidad o como propósito de futuro han actuado en contra de Internet o no han hecho nada para enmendar de una vez las leyes de propiedad intelectual. Esas leyes, cada vez más disparatadas han causado un empobrecimiento social tan grande que es casi imposible de medir.

Gran parte del mal ya está hecho y no tiene solución. Acumulamos décadas de involución que no recuperaremos.

Algunos no quieren que las cosas cambien, algunos no desean que pueda haber un mundo mejor gracias a que más y más gente pueda acceder a la información y los contenidos.

No van a permitir que el rebaño se desmande. Harán lo que esté en sus manos para someternos a su arrogancia.


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Lobbys, políticos, ciudadanos, votantes y leyes

Beyoncé pirata y el despropósito del copyright

La semana pasada saltó a las portadas que Sony había eliminado un vídeo del canal oficial en Youtube de Beyoncé (aunque parece que el vídeo ya es accesible de nuevo incluso desde el canal “pirata”).

Bien, lo cierto es que seguramente Sony está en todo su derecho porque de  hecho, la ley, la del copyright le da la razón pero ¿es coherente la postura de Sony  incluso aunque a priori pueda tener razón?

Honestamente, creo que no. Creo que esto no es más que una muestra más de la arbitrariedad y la peligrosa deriva de un sector de intermediarios del entretenimiento incapaces de ver más allá de sus analógicos despachos, sus analógicos y abultados sueldos y sus analógicas y cortas narices.

Sony haría mejor en despedir a unos cuantos asesores y empezar a pensar con eso que tenemos encima del cuello, la cabeza, en lugar de valorar las cosas al cortoplacista interés de unos cuantos accionistas con la mente lastrada por anclas del siglo XX… o XIX.

También está el peligro de confiar demasiado en que podamos acceder a ciertos contenidos en la nube permanentemente y no estemos sometidos al capricho de unos gestores y unas leyes que impiden el normal manejo de los fans de aquellos contenidos que les gustan.

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Sí, a veces tenemos leyes que parecen dictadas por locos y locos haciendo leyes contra los autores y a favor de modelos de negocio basados en el anacrónico concepto analógico de la equívocamente llamada propiedad intelectual.

La cuestión es “propiedad intelectual” vs “derechos de autores” y ¿quiénes son los auténticos piratas aquí?

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Beyoncé pirata y el despropósito del copyright

¿Deberíamos preocuparnos por ACTA?

Vía el blog de David Hammerstein:

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Privacidad y protección de datos

“La propiedad intelectual debe ser protegida,
pero no debe estar por encima de los
derechos de las personas a la privacidad y a la
protección de datos “.

Peter Hustinx, European Data Protection
Supervisor (SEPD), emitió un informe sobre la
lucha contra la Falsificación de Comercio
(ACTA), alegando que podría resultar
inviable ante las actuales leyes de protección de datos de la Unión Europea.

Democracia y transparencia

“Acta es el blanqueo de legislación a
nivel internacional, algo que sería muy
difícil de conseguir mediante la mayoría de los parlamentos nacionales ”

Stravros Lambrinidis, miembro del Parlamento Europeo, S y el grupo D de Grecia.

¿Los proveedores de servicios de Internet con responsabilidad civil?

“Todas las medidas relativas a los derechos básicos de las personas han de ser llevadas a través de
adecuadas vías democráticas, y no a través de un
Reglamento mundial que sea convertido en ley de la Unión Europea “.

Andrea D’Incecco, gerente de asuntos públicos
de EuroISPA (Asociación Empresarial de
Europea de Proveedores de Internet).

“Con ACTA se ejerce presión sobre Internet al posibilitar que
los proveedores de servicios abran la puerta de la privacidad de las personas,
y se generaliza la vigilancia de la red. ”

Françoise Castex, miembro del
Parlamento Europeo, S y D, Francia.

“Dar responsabilidad a terceros para las empresas de servidores de Internet es como hacer que la oficina de correos
sea responsable de lo que está escrito dentro de las cartas
que se envían. ”

Alexander Alvaro, Miembro del Parlamento Europeo, Alemania, ALDE.

Libertad de expresión

“Es extremadamente lamentable que
el debate democrático haya sido eliminado
de las conversaciones de ACTA, lo que podría tener un impacto importante
sobre el derecho fundamental de la libertad
expresión “.

Reporteros sin Fronteras,
Premio Sajarov del Parlamento Europeo

Acceso a medicamentos

“Sólo podemos suponer que el texto final
podría hacer mucho daño en los países en desarrollo
y socavar el equilibrio
entre la protección de la propiedad intelectual
y la necesidad de proporcionar medicamentos a precios asequibles
para los pobres “.

Rohit Malpani, OXFAM

“Estamos en peligro de quedarnos con lo
lo peor de ambos mundos, fotaleciendo las normas de propiedad intelectual,
que son muy eficaces para detener el acceso
a medicamentos que salvan vidas que son a la vez muy malas para
detener y evitar los medicamentos falsificados “.

Michelle Childs de Médecins Sans
Fronteras, Ganadores del premio Nobel

David Hammerstein
TransAtlantic Consumer Dialogue

¿Deberíamos preocuparnos por ACTA?

Los ciudadanos contestan a Zapatero ante su ley contra Internet, la libertad y la democracia

Dirección de correo de presidencia: jlrzapatero@presidencia.gob.es

Copia y difunde la iniciativa donde creas conveniente hacerlo, cuantos más emails enviemos más clara quedará nuestra postura en Presidencia.

Asunto: En respuesta a su carta por (nombre de la persona que envía)

Cuerpo del mensaje:

Sr. Presidente.

Ante todo, queremos dar las gracias por contestar a nuestro anterior escrito dirigido al Presidente del Gobierno.

Entendemos que, como comentan, la capacidad de cambio continuo y rápido que tiene Internet supone un problema y un verdadero reto para nuestros legisladores, y que, en efecto, permite nuevos tipos de criminalidad e ilegalidades y, por supuesto, consideramos que debemos adaptar las leyes lo antes y mejor posible en beneficio público. No obstante discrepamos en un punto, en el cómo proteger la Propiedad Intelectual. Si bien entendemos y compartimos que es un bien de cada país y que debe protegerse, no es un bien relacionado con el beneficio público, es una propiedad (lo que lo hace distinto del derecho a la creación que sí está contemplada en la constitución a la que aluden ustedes), por lo que, en ningún caso, debe compararse con los derechos fundamentales de los ciudadanos.

La actual redacción de la Disposición Final Primera de la Ley de Economía Sostenible, permitiría, lejos de lo que ustedes pretenden explicar, la persecución activa, y por parte de los representantes del pueblo, de cualquier página web de enlaces sin necesidad de que exista ningún tipo de actividad delictiva por parte de dichas webs, y lo que es peor sin necesidad de demostrarlo, lo que lo acerca a la censura directa, y todo bajo petición de intereses económicos privados. Crearía un terrible agravio comparativo entre la industria audiovisual y el resto de industrias, pues de industrias se trata, dando a dicha industria audiovisual, que en su mayor parte es extranjera, poder efectivo sobre el bienestar de los ciudadanos afectando y limitando sus derechos fundamentales. Es evidente que una decisión administrativa, aunque sea por parte de una comisión tutelada por un Ministerio, de la que se desconoce su composición, y que asume la denuncia por parte de la industria audiovisual, vulnera, al menos dos cosas: la tutela judicial efectiva del demandado y la presunción de inocencia, puesto que el demandado se ve obligado a demostrar que es inocente de lo que se le acusa por parte de un ministerio, y que ni siquiera puede defenderse ante un juez.

Como bien saben, existen procedimientos en la actual legislación que permiten, si un juez considera que hay indicios de delito, tomar medidas cautelares en menos de dos semanas, lo que lo hace perfectamente compatible con lo que dicen querer defender, pero hasta ahora los jueces, aplicando la ley vigente, no consideran justificadas dichas medidas puesto que la Ley de Propiedad Intelectual no considera delito el compartir sin ánimo de lucro ni usar enlaces a obras supuestamente subidas a Internet sin autorización de los titulares de los derechos.

En cuanto a la autorización judicial, es sabido ya por gran parte de los ciudadanos, lo que esto significa y lo que realmente implica, un juez de lo contencioso administrativo solo estaría capacitado para ejecutar o no la decisión de la comisión en los términos en que se le presenta, o sea, solo se pronuncia sobre si cerrar una web vulnera algún derecho fundamental, no puede entrar en el fondo del asunto y no puede juzgar si la web a cerrar ha tenido actividad ilegal o no lo ha hecho. Esta lectura es grave, pues aclara los términos en los que la comisión presentará los casos a dicho juez.

Haciendo hincapié en la indefensión que se produciría, pues ningún particular puede, económicamente y por mucho que no haya cometido ningún delito, mantener ningún recurso contra un Ministerio del gobierno, que asumiría la postura de quien sí tiene medios para litigar en lugar de defender el bien general y apoyar, como manda la constitución, a quien se le supone inocente mientras no se demuestre lo contrario.

Consideramos muy importante y clarificador, en este sentido, la última sentencia a favor de las webs de enlaces en un juzgado de lo civil, la primera de este tipo interpuesta en España, puesto que no hace sino aumentar jurisprudencia (que ya existía por lo penal), o crearla en el caso de lo civil, sobre lo que dicen las leyes en España, y que redunda en que no existe posibilidad de perseguir un mecanismo que no vulnera, ni puede hacerlo por su naturaleza, ninguna ley, negando razón a quien pretende intereses individuales y que desarma los cambios que se pretenden imponer en la LES, pues queda claro que carecen de fundamento, tanto jurídico como de sentido común. Considero que es un buen momento para tener la valentía de hablar con todas las partes, puesto que parece demostrado que los internautas sí son capaces de entender como es el futuro y los jueces están claramente de acuerdo, mientras solo unos pocos, que representan a la industria audiovisual, pretenden negarnos la posibilidad de futuro intentando retrasar el avance tecnológico en su propio beneficio, con el riesgo de dejar a todo un país a la cola de la tecnología, en lugar de potenciar aquello que nos colocaría claramente en el grupo de cabeza a nivel mundial, creando unas oportunidades de negocio que evitarían, en parte, nuestra dependencia de mercados sobre los que no tenemos ningún control efectivo. Disculpen que demos por supuesto que ustedes están cediendo a las presiones de algunos lobbies, pero cuando uno intenta legislar en perjuicio del bien común y contra la opinión pública, no cabe otra interpretación.

Les insto, asimismo, a que valoren la posibilidad de incorporar, o cuando menos, de estudiar las propuestas que se les ha hecho, por activa y por pasiva, por parte de expertos y de la comunidad internauta en general, tanto nacional como internacional, y que está expuesta y disponible en la “carta por la Innovación y la Creatividad y Acceso al Conocimiento”, cuyo enlace pongo a continuación por si se diera el caso de que no les constara dicha propuesta: http://fcforum.net.

Quisiéramos decirles, también, que nos parece difícilmente defendible, y muy pobre justificación, la referencia a las bondades de su Anteproyecto de Ley basándose en que en otros países lo hacen peor ya que no pretenden ustedes cortar la conexión al usuario. No intenten vendernos que su anteproyecto de ley es bueno porque existen cosas peores, que alguien haga algo infinitamente peor no convierte una solución en buena, solo en menos mala, y funesta en lo que pueda implicar para futuras armonizaciones puesto que aparenta (ante tan pobres argumentos) que en esos casos se tomará como referencia lo peor de cada legislación usando, de forma recurrente, la tan manida argumentación de que hay cosas peores. Vuelvo a recordarles que pretenden actuar contra actos que no son constitutivos de delito.

Y, por último, no quisieramos dejar pasar la ocasión de hacerles llegar nuestra crítica y profunda preocupación por la inseguridad jurídica generada en internet a raíz de algunas interpretaciones que no acabamos de entender, como por ejemplo la sentencia condenatoria que pesa sobre la Asociación de Internautas debido a actos ajenos a dicha organización pues, si bien era proveedor del hosting en dicho caso, tenemos entendido, y no hemos encontrado nada en contrario, que retiró los contenidos denunciados en tiempo y forma cuando tuvo conocimiento efectivo de los hechos, que hasta donde he leído, es lo que estipula la ley, mientras el demandante, o sea, la SGAE, tiene a bien deleitarnos cada pocos días con insultos y/o acusaciones generalizadas hacia los internautas por hechos que, y disculpen nuestra insistencia, no son constitutivos de delito y presionando a todo aquel que ose escuchar o interpretar algo y no tenga factura debidamente conformada, y todo para que pague un canon que graba por igual a todo medio y a todo ciudadano, independientemente del uso que haga de los aparatos grabados con dicho canon, y que son hoy de uso habitual para otras actividades, por lo que parece bastante injusto y debería ser retirado de inmediato.

Exponemos lo que creemos que no puede ser aceptado, ni por nosotros, ni por la sociedad en general, para que se proceda, si cabe, a su estudio y la modificación, si corresponde, de los puntos en donde quedan temas que dejan demasiadas puertas abiertas a una posible utilización irresponsable de leyes que afectan tan clara y profundamente a derechos fundamentales, que sí están amparados por la constitución. Creo que la gravedad de la situación no es excusa para cometer errores de tanto calado en contra de la opinión de los ciudadanos.

Los ciudadanos contestan a Zapatero ante su ley contra Internet, la libertad y la democracia

La propiedad intelectual como excusa para censurar, Travaglio e Italia

Copio y pego interesante y preocupante artículo de David Maeztu sobre uno de los muchos casos de censura que estamos viviendo con cava vez más virulencia gracias a los legisladores que están aniquilando Internet en un claro intento de devolver el totalitarismo a la sociedad:

Texto por David Maeztu en Derecho y Normas con licencia CC by-nc-sa

La Propiedad intelectual como excusa: Italia y el caso Travaglio

Que en plena sociedad de la información y el conocimiento la propiedad intelectual (conjunto de normas sobre las formas de expresión) se configure como el principal instrumento de censura es algo lógico dentro de la deriva totalitaria en la que estamos inmersos.
La propiedad intelectual, o más concretamente los derechos de autor, han buscado siempre un equilibrio que garantice sobre todo el derecho a la libre expresión y creación. De ahí el respeto a la publicación anónima y el reconocimiento de los derechos sobre la obra sin necesidad de “reconocimiento” administrativo, el registro previo.
Sin embargo, en el otro lado de la balanza, los intereses de la industria (productores, editores, etc.) no siempre han sido acordes con esos fines, primando cuestiones empresariales al margen de la obra y los intereses del autor, como por ejemplo la posición en el mercado, las relaciones con otros competidores y fundamentalmente la relación con el poder.
De esta manera la propiedad intelectual se constituye en la principal excusa para conseguir fines que nada tienen que ver con la defensa de los derechos del autor y en última instancia en la más eficaz medida de censura e imposición.
Sobre este particular, es muy ilustrativo el artículo sobre los 10 años de aplicación de la DMCA y las consecuencias no pretendidas en aplicación de esa norma, en el que se recogen casos seguidos contra consumidores, científicos y legítimos competidores, por parte de titulares de derechos y amparados en la vulneración de las leyes sobre copyright estadounidenses.
Más recientemente, en España tenemos el caso de Telecinco vs la Sexta, en el que si atendemos a las declaraciones de los responsables lo que primaba no era la defensa de la propiedad intelectual sino el minar a un competidor, o el más sangrante caso de “El País” vs. “Rebelión.org”, por no hablar de los burdos intentos de los abogados de Ramoncín. O la semana pasada el inverosimil intento de Televisión Española de impedir que veamos el incidente de Jonh Cobra en la gala de Eurovisión retirando de Youtube el video alegando infracción de sus derechos de propiedad intelectual, pero manteniendo el resto de videos de la misma gala sin ningún problema.
En las sociedades que han vivido recientemente una dictadura, como la nuestra, la censura es una palabra muy mal vista, pero si conseguimos sus mismos efectos por medio de la propiedad intelectual, la población no especializada no pondrá tantos reparos. Esa es la estartegia.
Y sobre el caso que quería comentar y del que informa Paolo Brini (IT) en Italia Marco Travaglio es un periodista (ganador del premio alemán de periodismo 2009 por su lucha por la libertad de prensa en Italia) que se dedica a investigar sobre los políticos y el gobierno utilizando para ello Youtube como medio de colgar sus grabaciones, preguntas, reflexiones, etc.
En este contexto, en Italia, existe un asunto judicial entre Mediaset, productora audiovisual del Presidente italiano, y Youtube, en el que el juzgado de Roma encargado del asunto ha nombrado un experto para que revise los sistemas de filtrado de contenidos de Youtube, forzando a esta empresa para que le de privilegios de acceso al sistema con la finalidad de realizar las pruebas pertinentes.
De entre las pruebas pertinentes llevadas a cabo por el perito y, entre los miles de millones de videos de Youtbe, “casualmente” y “por accidente” se borró un video del periodista Marco Travaglio hablando con el jefe de la Protección Civil Italiana, Bertolaso, sospechoso de corrupción pero fuertemente defendido por el Primer Ministro Berlusconi.
Como causa del borrado se alega infracción de los derechos de autor. Google alega que no ha sido notificada del borrado del video, pero gracias al bloguero Beppe Grillo (IT), conocido por su lucha en materia de libertad en internet, y al grupo de gente con el que colabora, y la presión ejercida sobre Google, se vuelve a poner el video, que obviamente no infringe los derechos de autor de nadie.
Hoy es más evidente que nunca la existencia de un interés común entre el poder y las empresas para obtener unos resultados concretos al margen de las instituciones clásicas del derecho, y por supuesto al margen del poder judicial, que retrasa sobre manera las medidas y, además, en ocasiones no resuelve como a uno le gustaría. Y la propiedad intelectual aparece, con su marco privilegiado de protección, como el instrumento más eficaz y que menos rechazo despierta en la sociead civil, por ahora.
En este mismo contexto debemos observar la Disposición Final de la Ley de Economía Sostenible, trasladando el poder de decisión de los jueces a la administración, en base a una regulación que es elaborada entre los interesados y los políticos directamente, como hoy mismo afirma el Director de la SGAE “Es el final de un proceso de negociaciones. El Gobierno ha dado con una fórmula razonable para todas las partes”.
El problema es que la mala regulación, sin tener en cuenta objetivos generales sino casos particulares (acabar con 200 webs), provoca lagunas que luego son aprovechadas para ir más allá y para conseguir finalidades que suponen un abuso de los derechos frente a los derechos básicos de los ciudadanos.

La propiedad intelectual como excusa para censurar, Travaglio e Italia