Personalmente me alineo con la opinión expresada por el relator especial de las Naciones Unidas para la Seguridad y que viene a sostener que una licencia sin límites para vigilar y espiar a todas las personas es algo tan desproporcionado que debe ser evitado, teniendo que prevalecer el derecho a la privacidad de los ciudadanos. Esto no significa que no existan casos concretos y fundados para que se controle a según qué personas o según qué zonas, con supervisión judicial, pero debe prevalecer la privacidad como elemento fundamental para garantizar la democracia. Cuando uno va por la vía pública bien puede estar ejerciendo acciones privadas y su anonimato debe ser especialmente protegido. Voy a poner algunos ejemplos: Ningún servidor de la seguridad en el ejercicio de sus labores públicas debería recabar indiscriminadamente si yo por la calle opto por entrar en una sinagoga, iglesia, mezquita, en una consulta para la planificación familiar o en la sede de una ONG u otra.

Este tipo de vigilancia debe ser evitado, lo mismo que ocurre con las comunicaciones en general y eso aún a sabiendas que algún criminal se escapará. Esta especial protección es, en mi humilde opinión, el mal menor de los muchos males que tenemos donde elegir y me viene a la mente el libro 1984.

En el caso de los servidores públicos, en el ejercicio de su labor como sirvientes públicos que tienen la capacidad legal de ejercer la violencia y a los que se les presupone una conducta ejemplar, se entiende que cuando actúan en el curso de una detención, por ejemplo, es porque se presupone se está cometiendo, se ha cometido o se va a cometer un delito. Estas grabaciones que incluyen imágenes de personas que pueden ser inocentes, deberían existir para proteger los derechos de ambos en el caso de conflicto y siempre con supervisión judicial.

Convengo en que es un tema complicado ya que sabemos que estamos siendo permanentemente controlados ya sea de forma pasiva o activa, pero no por eso creo que debamos dejar de preguntarnos si deberíamos defender que esa vigilancia continua va contra el espíritu de un estado de derecho moderno y sólido.