Si criticas el cambio de modelo de Spotify te conviertes en un pirata

Parece que el meme del “todo gratis” parte de la industria de intermediación del entretenimiento ha calado fuerte en el imaginario popular. Al parecer, si se critica el cambio de política de Spotify uno se acaba convirtiendo en un pirata que lo quiere todo gratis.

Parece como si no se pudiera criticar el modelo de negocio de Spotify. Bueno, creo que es importante decir que, en ejercicio de la libertad de expresión, no sólo es posible, sino necesario criticar el modelo de negocio de Spotify, al menos de forma constructiva.

Lo primero es que yo en su día lo recomendé mucho y a raíz de aquellas recomendaciones me consta que mucha gente lo ha usado, lo sigue usando y no pocos han pasado a las versiones de pago. También he explicado con frecuencia porqué no lo sigo usando. Actualmente uso una combinación de mi música adquirida a lo largo de años, Grooveshark y alternativas libres como Jamendo.com, Magnatune.com, etc. Dicho esto quiero dejar claro que me da igual lo que hagan con sus condiciones de uso. A mi la versión gratuita no me gustaba y por eso dejé de usarla, y por otro lado suelo evitar pagar, en la medida de lo posible, por “soluciones” que apuestan por el DRM.

Pero vayamos por partes:

Lo primero es señalar algo que la gente suele olvidar y es que los que financian Spotify son los mismos que financian las industrias de la RIAA. Eso debería ser como poco llamativo, pues Spotify está en las mismas manos de unos que no dudan en demandar cantidades millonarias a ciudadanos por el simple hecho de compartir 24 canciones.

Segundo. No entiendo porqué la gente piensa que la versión “gratis” es realmente gratis. No lo es. Existen unos ingresos por publicidad, pero claro, los arbitrarios royalties que exigen las industrias que financian el propio Spotify hacen que finalmente no pueda ser rentable. Pero más importante que eso es que la gente paga con la atención y la promoción. La gente al usar Spotify gratuitamente está nutriendo de información y posibilidades de todo tipo a la empresa. Si no saben sacar partido de ello, si no ven el valor inherente, me temo que es su problema y uno de los principales motivos por los que no me gusta esa startup en su ejecución, no en su concepto.

Netflix no es lo mismo que Spotify, ni su modelo de negocio se parece e incluso Netflix no puede estar libre de crítica: Netflix no ofrece sino un programa de prueba gratuito de un mes tras el cual si quieres seguir usando tienes que pagar 8 dólares (por ahora en USA y Canadá). Ofrece vídeo en “streaming on demand” en cualquier dispositivo que pueda mostrar vídeo por Internet y por lo tanto no es comparable a un sistema que ofrece música. El vídeo no se consume igual que el audio, y es posible que para muchos el valor del vídeo “on demand” sea mayor que lo que ofrece Spotify. Ahí está la libertad de cada uno. Pero es que además Netflix tiene sus propios problemas. Por un lado las elevadas licencias que tienen que pagar, y que ciertas industrias amenazan con elevar, al ver la revolución que está suponiendo este servicio. Otra crítica que recibe es que tiene un catálogo limitado y los estrenos tardan en aparecer.

Pero lo que debemos criticar, de forma constructiva, es el modelo de suscripción ¿es sostenible? ¿Es recomendable?

Aquí un comentario que he escrito en Meneame:

Veamos, caro o barato es un término muy relativo. La cuestión no es pagar por las canciones, sino por el servicio. Si lo que ofrecen es atractivo, adelante, pero tengamos en cuenta que el modelo “suscripción” no tiene porqué ser la panacea. Al fin y al cabo ¿cuántos modelos de suscripción tendremos que pagar?

– NY Times 15 dólares al mes
– Spotify 5 euros al mes
– Netflix 6 euros (si alguna vez llega)
Filmin 10 euros al mes

Pero, ninguno tiene todos los catálogos, con lo que al final estaríamos pagando 20 ó 30 euros por unos cuantos canales para acceder a contenidos de forma más o menos puntual. Unos desplazarán a otros, pero el uso casual, accidental, seguiremos sin encontrar oferta.

Pero lo que es más, nos basamos en “el cloud”, la nube, y al incierta esperanza de que todo lo que elegimos ver, escuchar y acceder siempre estará ahí, y no es cierto. Eso no ocurrirá.

Luego tendremos que sumar más y más servicios con catálogos dispares, de juegos, de libros, etc. Al final un caos por el cual para acceder a un número finito de contenidos acabaremos pagando al mes 50 ó 60 euros.

No digo que esté mal, pero hay que pensar que Spotify es perfectamente criticable y que no hablamos de todo gratis, sino de modelos que compiten por dar el mejor servicio al mejor precio, pero hay cuestiones que no se pueden soslayar.

Porque el problema es el acceso puntual, accidental a los contenidos y la persistencia de éstos contenidos en el tiempo. Puede que a mucha gente no le importe, adelante, son mis invitados a usar los servicios premium. Pero creo que el modelo de suscripción ha de evolucionar y explorar otras vías de inclusividad. Pagamos por el valor añadido del servicio. A estas alturas queda claro que no se paga por el contenido, pero debemos, una vez constatada esta realidad, explorar otras posibilidades, como es vincular el comportamiento analógico con el digital sin forzarlo artificalmente.

 

 

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Si criticas el cambio de modelo de Spotify te conviertes en un pirata

Voltage Pictures, productora de The Hurt Locker demanda a 5.000 personas por descargar la película

Internet tiene memoria porque es digital. Como digital es la realidad detrás de los contenidos que se crean hoy en día. Los que han vivido durante décadas bajo el espejismo del control analógico de las copias despiertan de un mal sueño para convertirse en pesadilla.

Voltage Pictures decide seguir adelante con su amenaza y lanza su primera oleada de demandas a 5.000 personas que han descargado presuntamente de forma ilegal la película.

Es la técnica de paga una cantidad determinada si no quieres que te llevemos a juicio, que emplean varias productoras por sugerencia de varios gabinetes de abogados. Pero ¿es una buena técnica?

Seguramente en el corto plazo sí lo sea para generar dinero rápido ante la ausencia de ventas de copias. La gente, ante el clima creado de indemnizaciones millonarias que leyes extrañas a lo digital han propiciado, no dudará en pagar esas cantidades. Serán pocos los que se atrevan a enfrentarse a poderosos abogados.

Pero ni en el medio ni en el largo plazo es una buena técnica y eso es porque esta productora, como tantas otras muchas están perdiendo la oportunidad, mejor dicho, están arruinando la oportunidad de conectar con miles y miles de personas que si bien no han pagado ahora, son potenciales clientes sólo si se les da lo que demandan. Yo digo que si no han sabido ver una oportunidad en las descargas, si no han sabido fidelizar, si no han sido capaces de crear una experiencia única y analógica alrededor de la película, es sólo producto de su propia incompetencia, no de los usos y costumbres de los que quieren ver un determinado contenido.

El problema de nuevo no son las descargas digitales, si no una concepción anacrónica de la gestión de copias que invariablemente introduce un componente de fricción en la relación entre productores y clientes. Nada peor para el futuro de la industria del cine que estas medidas que alejan irremisiblemente a miles y miles de personas de la posibilidad de ser clientes. ¿Creen que ahora por arte de magia todos esos denunciados y sus entornos sociales (cada vez más grandes gracias a las redes sociales) van a por arte de magia empezar a pagar por copias en plena era digital? ¿Acaso creen que estas medidas no les dan mala fama? ¿Creen que siempre es buena la política de que hablen de ti aunque sea para mal? Eso ya no se cumple. La lacra de su ignorancia y del mal asesoramiento que sólo beneficia a la larga a unos cuantos bufetes de abogados, acabará sin duda arruinandoles.

Es muy triste sin duda que todavía piensen de esta manera tantos y tantos. Es triste que pierdan la oportunidad de iniciar un contacto productivo, relevante y rentable con las personas que desean sus contenidos.

Repetimos una vez más aunque no hay más sordo que aquel que no quiere escuchar: “el futuro no está en la venta de contenidos, al contrario, el futuro está en dar los contenidos y generar una experiencia y fidelidad alrededor de éste”.

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Voltage Pictures, productora de The Hurt Locker demanda a 5.000 personas por descargar la película

Un gobierno contra el estado de derecho

Safe Creative #1003195779316(de parte del texto)
Red-sos ManifiestoCon la aprobación de la denominada Ley de Sinde, el Gobierno de España actúa directamente contra el estado de derecho y deberá pagar las consecuencias.

Si como ciudadanos seguimos votando a políticos, y eso va por los principales partidos incluyendo a gran parte de la oposición, que consideran que eso puede estar bien, es que somos cómplices de lo que vaya a pasar. Al equiparar un negocio privado y obsoleto, propiedad de unas empresas y unas marcas reaccionarias con nuestros derechos fundamentales, abrimos la puerta en par en par a que sean las empresas, y no los ciudadanos, los que estén amparados y protegidos  por los instrumentos del Estado. Abrimos la puerta a lo grande al control del pensamiento, la censura y la persecución de la tecnología y la innovación.

Personalmente me reafirmo en lo que ya dije: lucharé activamente para castigar democráticamente a los políticos. Llamo a la desobediencia civil. Llamo a desenmascarar a los vendidos a los lobbys.

Lo que está pasando es consecuencia del lobby pro-acta o mejor dicho, lobby anti-innovación y anti-libertades. Una orden directa de Barak Obama y Joe Biden (vice presidente y lobbista de RIAA).  El control de la información es lo más importante para los poderosos. El mundo será un poco peor ahora. No os engañéis, esto es un golpe mortal a la esperanza que teníamos de que gracias a la Internet que hubiéramos podido tener un mundo mejor, más social, más cercano, más informado, más crítico y más solidario.

Pero que no se confundan los políticos. En el laberinto de esta lucha somos más peligrosos. Cuando peor parece que están las cosas, reaccionamos con mayor contundencia. Esta no es más que una más de las muchas batallas que hemos perdido, convertido en acicate que nos une y seremos los ciudadanos quienes ganaremos la guerra.

Y ahora una presunta infracción del copyright pues casi seguro que el vídeo que pongo está subido sin autorización y por otro lado gracias a los últimos gobiernos y oposiciones no tengo derecho a cita. Es un vídeo que nos recuerda hacia dónde vamos. Hoy damos un nuevo paso en esta nefasta dirección. ¿Estamos a tiempo de no tener que llegar a este extremo? Hoy despertamos a los censores:

Así que me reafirmo en apoyar un manifiesto que, aunque mejorable, expresa bastante bien lo que los auténticos defensores de la cultura y el conocimiento pensamos:

Manifiesto: En defensa de los derechos fundamentales en Internet

Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que…

1.- Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.

2.- La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.

3.- La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.

4.- La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.

5.- Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.

6.- Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.

7.- Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.

8.- Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.

9.- Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.

10.- En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.

Este manifiesto, elaborado de forma conjunta por varios autores, es abierto y necesario. Súmate a él y difúndelo por Internet.

ACTA es la piratería, ACTA es la religión del copyright.

Un gobierno contra el estado de derecho

Cuando un ciudadano de 17 años pone en evidencia a gobiernos y lobbys

Vía Elconfidencial y un ejemplo de la esperanza que no debemos perder.

“MILLONES de personas, en su mayoría jóvenes aunque no todas, intercambian o descargan archivos. Las corporaciones multinacionales que comercializan este material no están satisfechas con cómo van las cosas. Sus beneficios se ven amenazados y ellos, a su vez, están amenazando con demandar, pidiendo grandes cantidades de dinero, a las personas que participan en el intercambio de archivos.

Yo estoy a favor de compartir archivos y creo que el intercambio de obras registradas con derechos de autor, probablemente produzcan, en general, más bien que mal para la sociedad.

En muchas zonas del mundo, por ejemplo, en los Estados Unidos, descargar o compartir este tipo de archivos es ilegal. Todo el mundo sabe que es ilegal descargar películas, juegos y música sin pagar. ¿Por qué, entonces, tantas personas ignoran las leyes de propiedad intelectual?

En parte, porque la gente se cuestiona si la ley que lo prohíbe se justifica moralmente. El hecho de que algo sea ilegal no significa que sea necesariamente inmoral. En todo el mundo, los jóvenes se están cuestionando los principios de las leyes que les prohíben compartir esos archivos. Se infringen las leyes de derechos de autor, en parte porque se cree que estas leyes son injustas.

Y no sólo pensamos que las leyes de copyright son injustas, también sabemos que es muy fácil violarlas; y para los jóvenes y los estudiantes con poco dinero, a veces sin fondos, el atractivo de estos métodos, con posibilidades mínimas de ser capturado, es algo demasiado buena para dejarlo pasar.

Desde un punto de vista práctico, tratar de regular la distribución de estos materiales a través de Internet es un objetivo inalcanzable. No importa cuántas leyes se pongan en marcha, los avances tecnológicos desempeñados por los jóvenes hasta la fecha, demuestran que la juventud estará siempre un paso por delante de las autoridades. La industria puede conseguir enjuiciar y castigar a unas pocas personas, pero su éxito será de corta duración. Casi nadie se verá frenado por los procesos jurídicos, porque las posibilidades de ser capturado infraganti son mínimas.

Igual de importante, sin embargo, es que muchos jóvenes crean que es moralmente aceptable compartir música, películas y juegos con los demás. Las reclamaciones de una industria que se enfrentan a la ruina ignora el hecho de que compartir archivos representa también nuevas oportunidades (si fueran suficientemente inteligentes como para verlo). Hace veinte años la industria del cine se opuso a la introducción de los reproductores de vídeo. Fueron muy cortos de miras. Resulta que el vídeo era una de las mejores cosas que le podía suceder a la industria cinematográfica.

Recordemos, también, que una copia descargada no equivale necesariamente a una venta perdida. Gran parte del material que se descarga se prueba y se elimina posteriormente. Esto no implica que quien haya descargado algo habría estado dispuesto a pagar por ello si no hubiese estado disponible gratis en internet.

Los internautas están siendo amenazados por aprovecharse de una tecnología innovadora que nos permite disfrutar de la muestra y los medios de comunicación de forma gratuita, pero también estamos contribuyendo a las ventas de todos esos medios a través de métodos alternativos. Una publicación reciente, un estudio de hace tres años sobre el intercambio de música en Internet, concluyó que el 95% de todas las descargas son ilegales. Sin embargo, el negocio de la música digital en todo el mundo creció en un 25% en 2008 – el sexto año consecutivo en que ha aumentado. Compartir archivos, lejos de destruir la industria, puede salvarla. Y muchos artistas desconocidos tienen ahora al menos alguna posibilidad de ser escuchados. Lo mismo vale para aquellos que crean películas y juegos.

En Canadá, la descarga de material con derechos de autor para uso personal a través del intercambio, también conocido como peer-to-peer, es legal. Subir ese material a la red, sin embargo, no lo es. La legislación canadiense por lo tanto presenta una situación ‘catch-22’. Se permite descargar cuanto sea aunque tenga derechos de autor, pero la persona que lo hace posible subiendo ese material, está violando la ley.

Esto no tiene mucho sentido, sobre todo teniendo en cuenta que Canadá planteó al mismo tiempo un enfoque más realista, junto con al menos otros 25 países. Me refiero al canon que se les cobra a los consumidores sobre los medios de grabación, tales como iPods, reproductores MP3 y soportes vírgenes de grabación de audio como CD-R, en un esfuerzo por compensar a los artistas de los ingresos perdidos debido a la copia privada de los consumidores.

De esta manera, en Canadá se ha dado un paso hacia la búsqueda de un equilibrio razonable entre la protección de los titulares de derechos de autor sin minar la libertad de los consumidores para que descarguen obras con derechos de autor.

Como sociedad, tenemos que recapitular sobre las leyes de derechos de autor. Si yo compro un libro, y se lo presto a un amigo, ¿debe cobrárseme un canon a mí porque ellos han preferido no pagar por el libro? No, porque se considera un uso justo. ¿Qué pasa si en lugar de tener que quedar para prestarle el libro, le permito a mi amigo que se haga una copia para poder tenerlo siempre? Esto se considera una infracción de copyright, aunque las consecuencias de ambas situaciones son prácticamente las mismas. Y en el caso de que decidiera hacer copias del libro, y venderlas; sería una flagrante violación de la ley y considerada como una ladrona. Ningún usuario del P2P está haciendo el dinero con el intercambio de archivos. Ya se trate de un grado de separación o de 1.000, si compartir es moralmente justificable en un caso, ¿por qué no está también justificado en otros casos similares? ¿Qué pasa con los préstamos de un CD o un DVD, o el uso del PVR? Tan pronto como algo que se lanza en el ámbito público, se considera “compartido”, y si soy capaz de compartir con un amigo, por qué se convierte en malo si lo comparto con muchos?

Alguien crítico podría argumentar que un préstamo es diferente de una copia – Sin embargo, esta afirmación se basa en un mero tecnicismo. Si puedo acceder al material cuando quiera de forma gratuita, ¿qué más da si permanece en mi poder, o con un amigo? Tal vez ese alguien responderá que compartir un objeto física con un amigo cercano es completamente distinto a colgarlo en Internet para un número indeterminado de extranjeros que tendrán acceso. Pero, ¿es compartiendo archivos realmente la única manera de hacer esto? YouTube permite a los usuarios colocar fragmentos de películas y canciones enteras, para una audiencia mundial – de forma totalmente gratuita.

La sociedad se ha beneficiado en general de intercambio de archivos. La gente sin mucho dinero ahora puede disfrutar de la música y las películas. Artistas desconocidos han encontrado una audiencia. Artistas famosos todavía hacer mucho dinero de las giras. Y si la industria se adapta, seguramente también se beneficiarían.

Así pues, prohibir el intercambio de archivos nunca funcionará. Además, es injusto, incoherente e irracional”

Cuando un ciudadano de 17 años pone en evidencia a gobiernos y lobbys

Sobre la Ley de Economía Sostenible en Derecho en Red

Fuente original: Derecho en Red

El pasado viernes fue aprobado por el Consejo de Ministros el nuevo texto del Proyecto de Ley de Economía Sostenible que, entre otras muchas cuestiones, propone una serie de reformas legislativas con el fin de erradicar las vulneraciones de propiedad intelectual que cometen determinadas Páginas Web que facilitan enlaces, en la mayor parte de las ocasiones con un claro y evidente ánimo de lucro, a contenidos protegidos por derechos de autor sin la autorización de sus titulares.

Mucho se ha dicho sobre esta reforma y ha tenido un eco mediático considerable. No obstante, desde Derecho en Red hemos constatado la existencia de informaciones incorrectas, afirmaciones demagógicas y planteamientos desproporcionados que sustraen a los ciudadanos de un análisis distanciado y completo de las implicaciones jurídicas de la reforma planteada.

Desde Derecho en Red no creemos que esta reforma sea la más apropiada. Entendemos que es necesario enjuiciar todas las infracciones de propiedad intelectual que se comentan “online” u “offline” y, en particular, a todos aquellos prestadores de servicios que se lucran facilitando enlaces a descargas, directas o a través de redes P2P, a contenidos protegidos. Pero tal enjuiciamiento debe hacerse desde las garantías y vías de protección que contempla la normativa de propiedad intelectual vigente.

El ordenamiento vigente ya contempla la posibilidad de plantear acciones de cesación contra los titulares de servicios de la Sociedad de la Información. Los titulares de derechos de autor pueden solicitar de los órganos judiciales las acciones de cesación que les permite la Ley (el artículo 138 de la Ley de Propiedad Intelectual dice expresamente que pueden solicitarse dichas medidas “aunque los actos de dichos intermediarios no constituyan en sí mismos una infracción”), que actualmente son tomadas en el plazo medio de 2 meses. Dicho plazo, muy lejos del utilizado para la resolución definitiva del procedimiento judicial, permite garantizar de forma efectiva los derechos de propiedad intelectual sin la necesidad de plantear una reforma tan importante como es la que se incluye este Proyecto de Ley.

En este orden de cosas, si el Ejecutivo considera que en el marco jurídico actual no existen medios suficientes para la protección de los derechos de los autores o titulares de derechos, debe abrir una reflexión, en sede de la propia Ley de Propiedad Intelectual, y proponer, en su caso, una reforma de los medios de protección ya contemplados en esa norma, sin necesidad de:

1.- Elevar los derechos de propiedad intelectual, derechos privados y de naturaleza patrimonial, a un estatus equiparable a intereses dignos de protección reforzada, como el orden público, la seguridad pública, defensa nacional, la salud o la infancia, y los derechos fundamentales.

2.- Atribuir a un órgano de naturaleza administrativa la tutela, protección y defensa de estos intereses privados, que podrá intervenir en toda prestación de servicios de la sociedad de la información que potencialmente pueda causar una lesión de derechos de propiedad intelectual, con la indefinición e inseguridad jurídica que ello supone.

3.- Establecer un mecanismo procesal, supuestamente de control judicial ante el conflicto con derechos fundamentales como la libertad de expresión o el derecho a la información, sumario e impreciso.

Por todo ello, hemos creado una sección dedicada especialmente a la Ley de Economía Sostenible, dentro de la cual podréis encontrar:

Análisis jurídico del anteproyecto de la Ley de Economía Sostenible

Preguntas frecuentes respecto a la Ley de Economía Sostenible

Asimismo, podéis descargaros el archivo PDF en este enlace, que incluye tanto el análisis jurídico como las preguntas frecuentes para facilitar su lectura sin necesidad de conexión a la Red.

Esperamos que os resulte interesante su lectura, y como siempre quedamos abiertos a cualquier duda que pueda surgir sobre el tema, ya sea mediante comentarios o en nuestras listas de correo a las que podéis acceder en la sección “Cómo participar en DeR?” del menú superior.

Fuente original: Derecho en Red

Sobre la Ley de Economía Sostenible en Derecho en Red