El gobierno elegido por los ciudadanos crea una comisión para regular la descarga de archivos sujetos a derechos de autor, lo que en la práctica es un eufemismo de comisión para proscribir los usos y costumbre, así como libertades, de dichos ciudadanos.

Practicamente todos los archivos están sujetos de una forma u otra a derechos de autor, incluso aquellos llamados copyleft o que tienen algún tipo de libertad de difusión. Como para éstos no hay problema, pero pueden suponer un problema competitivo hacia el resto de contenidos con «todos» los derechos reservados, se impone la necesidad de evitar que las herramientas que la nueva cultura alternativa sirvan de vehículo vertebrador de una nueva economía y modelo de negocio alternativo adaptado a la realidad. En pocas palabras, hay que proscribir el P2P en la medida de lo posible para evitar que la gente vea que existen posibilidades reales de negocio compatibles con el intercambio sin ánimo de lucro de obras (sí, hablo de obras libres).

Tal vez el problema sea que la descarga de archivos con todos los derechos reservados es un problema en lugar de una gran y única oportunidad. Pero hace falta gente con visión y sentido de la realidad para verlo y aprovecharlo. Esto no abunda ni en nuestro país ni en otros. Aquí solemos premiar la incompetencia y la estupidez.

O tal vez el problema sea que no entendemos que el problema lo ha causado y es responsabilidad de la industria del entretenimiento en su absurdo objetivo de mantener artificialmente modelos de negocio del siglo XIX y XX que ya incluso desde la formulación original hace unos tres siglos del concepto de «todos los derechos reservados» estaba bajo cuestión.

En los últimos años se han ido eliminando poco a poco nuestros derechos en lo que a copia privada o uso justo se refiere. La clase política en connivencia con la industria del entretenimiento menos innovadora ha ido robando a la sociedad poco a poco lo que por otro lado le corresponde, el dominio público. Las continuas extensiones de los términos de protección, la ilegalización de actitudes coherentes con la realidad de la naturaleza inmaterial de los contenidos han causado una reacción igual y opuesta. Las posiciones contra el concepto de «todos los derechos reservados» ha dado lugar a posiciones enquistadas e igualmente negativas que se enfrentan de forma frontal sin posibilidad de acuerdo. No es algo de extrañar. Cuando te llaman criminal por tener otra opinión consistente con la realidad, es difícil querer llegar a acuerdos. Si además acompañamos todo esto de la invasión en nuestra privacidad y libertad de expresión la cosa todavía se complica más.

Pero lo que es peor es que en esas comisiones no está quien tiene que estar, los ciudadanos y la parte de la industria que sí entiende que el negocio se crea entorno al contenido inmaterial, no con el contenido en si.

El carácter sesgado de dichas comisiones y la confirmación de la presión de la industria del entretenimiento en forma de exigencia del Presidente Barak Obama para convertir Internet en un coto privado de caza del ciudadano crítico, son ejemplos de lo que le depara en el futuro a toda aquella opinión y empresa que se salga de los canones de corrección política entorno a la creación digital.

Honestamente creo que los que sí luchamos contra la piratería real, el plagio, deberíamos ser mucho más activos en poner cada cosa en su contexto y forzar que se escuche y se anote la evidencia científica entorno a cómo y qué es la creación artística y los usos de los ciudadanos hacen de ésta. Recordemos que el discurso gastado de la piratería no significa nada más que una desesperada huída adelante para evitar un debate necesario entorno a las leyes del copyright.