Los políticos son cómplices y responsables, sin duda, pero nosotros, los que los votamos y mantenemos en sus puestos, también. Si gente como Andy Ramos y David Maeztu coinciden en señalar el disparate que supone la nueva vuelta de tuerca de la disposición final primera de la LES que otorga privilegios feudales a un grupo de la élite de intermediarios de la industria del entretenimiento, es que tenemos que preocuparnos.

Pero hay que entender esta maniobra torticera en un contexto más amplio, radical y liberticida llamado ACTA como paso previo a más involución social y tecnológica.

Esta maniobras de paso a paso nos pueden traer a la memoria el canon a los soportes digitales en 2003, la reducción del ámbito de la copia privada al absurdo en 2006, la eliminación del derecho a cita, el canon en los discos duros, la ampliación del robo del dominio público (piratería) gracias la perpetua extensión de los términos de «protección» del copyright y la promesa de que las grandes  industrias de los intermediarios obsoletos irán contra los particulares si lo de cerrar webs con enlaces p2p no reduce en un 70% que la gente comparte contenidos de una forma que no les gusta a ellos.

No podemos concluir más que en su salvaje carrera contra la realidad arremeterán contra todo y todos, y en el camino se les abren las puertas a la censura, el miedo y las más anacrónicas prebendas feudales.

Pero no nos engañemos. Si pueden hacerlo es porque la sociedad lo tolera y lo ampara.